Tirón de orejas del Grupo contra la Corrupción a Sánchez por falta de autonomía de la Fiscalía

El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, el organismo del Consejo de Europa que evalúa las medidas implementadas por los países miembros para combatir la corrupción, ha vuelto a constatar que España no ha cumplido dos recomendaciones clave en las que el GRECO viene insistiendo desde hace seis años: dotar a la Fiscalía de una mayor autonomía y suprimir la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por las fuerzas políticas.

El informe, que reprocha al Ejecutivo la falta de transparencia de sus comunicaciones con la fiscal general y critica que la Fiscalía carezca de autonomía de gestión, se conoce pocos días después de que Pedro Sánchez levantara la polémica al afirmar que "la Fiscalía depende del Gobierno".

El dictamen es el segundo examen que el GRECO realiza del grado de cumplimiento de las medidas que planteó en diciembre de 2013, cuando terminó la cuarta ronda de evaluación de España. En 2016 hizo un informe de cumplimiento en el que concluyó que España no había ejecutado ni una sola de las 11 recomendaciones.

Ello llevó a poner a España bajo el mecanismo de supervisión establecido en la llamada regla 32 de procedimiento del GRECO. Un primer informe de cumplimiento (diciembre de 2017) comprobó que las 11 medidas seguían sin ser implementadas. 

El segundo informe de cumplimiento, conocido esta semana, ha servido para sacar a España de la regla 32 dada la realización de dos de las recomendaciones (el establecimiento por el Consejo General del Poder Judicial de un código ético para los jueces y la ampliación por el legislador de la caducidad de los procedimientos disciplinarios que afectan a los jueces), el cumplimiento parcial de otras ocho y la desatención total a una.

El control político del CGPJ

Ésta última se refiere a la intervención de las fuerzas políticas en la elección de los 12 vocales del CGPJ que deben ser jueces o magistrados. El GRECO no objeta que el Congreso y el Senado designen a los ocho miembros del órgano de gobierno de los jueces que son juristas, pero respecto de los que han de proceder de la carrera judicial insiste en que "las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial".

El Gobierno de Pedro Sánchez promovió una reforma legal aprobada en diciembre de 2018 que, entre otros aspectos, afectó al estatuto de los vocales pero no al sistema de elección, en el que se ha mantenido la intervención política.

El GRECO considera, por ello, que "se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la Judicatura española: su supuesta politización".

El informe explica que, sin dudar de la independencia de los jueces a la hora de resolver, "la creación de Consejos del Poder Judicial tiene por objeto, en general, garantizar mejor la independencia del Poder judicial, en apariencia y en la práctica".

"Cuando las estructuras de gobierno del Poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, esto tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país. Seis años después, la situación es la misma", lamenta.

Relación fiscal-Gobierno

Las recomendaciones relativas a la Fiscalía forman parte de las que se estiman "parcialmente" cumplidas, pero no es positiva la evaluación de la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

El informe del GRECO valora que esté en marcha una reforma del Reglamento del Ministerio Público que "articula nuevas normas sobre la autonomía interna", en referencia al mecanismo por el que los fiscales pueden discrepar de las órdenes de sus jefes.

Sin embargo, esa reforma "no aborda específicamente la cuestión de la comunicación entre la fiscal general del Estado y el Gobierno", critica. "Si bien el GRECO acoge con satisfacción la práctica desarrollada por el Gobierno de trasladar por escrito todas sus comunicaciones con la fiscal general y que estén disponibles en línea, es preciso formalizar esta situación", añade.

"Las autoridades aún deben mejorar esta buena práctica con requisitos y procedimientos claros en la legislación", por lo que "no puede considerarse cumplida" la recomendación relativa a establecer en la ley "requisitos y procedimientos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno".

Además, el GRECO recuerda que ya en 2013 "criticó el hecho de que el Ministerio de Justicia decida sobre la asignación de personal en la Fiscalía, incluida la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ya que la autonomía de gestión es una garantía fundamental de la independencia y la eficacia de la Fiscalía".

"No se han facilitado nuevos detalles al respecto y, por lo tanto, no puede considerarse que se cumpla plenamente esta parte de la recomendación", concluye.