La Abogacía del Estado hará el "gesto" que ERC reclamó a Pedro Sánchez a cambio del apoyo de los republicanos a la investidura. El representante jurídico del Gobierno presentará este lunes, previsiblemente, con la firma de la abogada general, Consuelo Castro, un escrito dirigido al Tribunal Supremo en el que sostiene que a Oriol Junqueras se le debe permitir ejercer como europarlamentario y poder ir a las sesiones de la Cámara Europea mientras la Sala Penal envía el suplicatorio que, a su parecer, es preciso tramitar en la Eurocámara tras la sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoce que el líder de ERC tiene la condición de diputado europeo desde el pasado 13 de junio.
La Abogacía del Estado contestará, en medio de una fuerte presión, a la petición de la Sala del Supremo que juzgó el procés para que se pronuncie sobre el alcance del fallo del TJUE y su incidencia en la sentencia que impuso a Junqueras 13 años de prisión y otros de inhabilitación como dirigente del proceso de secesión unilateral de Cataluña.
La decisión sobre Junqueras no está en manos de la Abogacía del Estado sino de la Sala Penal del Supremo. Pero su posición puede ser vista como el cambio que ERC exige al PSOE en el sentido de que "la política desplace a la represión", en palabras de Pere Aragonès, coordinador del partido republicano y vicepresidente del Gobierno catalán.
Cambio
La posición de la Abogacía del Estado, que ha hecho un amplio estudio jurídico-constitucional del estatus de eurodiputado, se centra en el reconocimiento de la inmunidad a Junqueras, a su juicio derivada de la afirmación realizada por el TJUE de que el líder de ERC adquirió la condición de miembro del Parlamento Europeo el pasado 13 de junio, cuando la Junta Electoral Central (JEC) proclamó el resultado de las últimas elecciones.
Por ello, sostendrá que, mientras la Eurocámara decide sobre el suplicatorio que habría que cursar para el levantamiento de la inmunidad, Oriol Junqueras debería no sólo ser excarcelado para acudir tanto a la Junta Electoral Central como a Estrasburgo a tomar posesión del escaño sino que también tendría que poder ejercer el cargo.
Este criterio supone un cambio relevante en la posición jurídica que la Abogacía del Estado había mantenido hasta ahora. El representante jurídico del Gobierno se pronunció en junio a favor de la concesión a Junqueras de un permiso de excarcelación puntual para que acudiera ante la JEC a cumplir los requisitos de acceso al cargo de eurodiputado, pero siempre ha negado que tuviera inmunidad frente al proceso penal seguido contra él, tanto cuando tenía la condición de preso preventivo como a partir de la condena dictada el 14 de octubre.
Sentencia válida
Así lo sostuvo la Abogacía del Estado ante el propio TJUE en la vista de la cuestión prejudicial planteada por el Supremo -ceñida al mencionado permiso de excarcelación-, cuando defendió que "en el caso de que Junqueras gozara de inmunidad conforme al artículo 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, tal inmunidad no tendría ninguna incidencia".
El único punto en el que la Abogacía del Estado contraría a ERC es el relativo a la validez de la sentencia del procés. A su juicio, la sentencia no es nula porque cuando Junqueras es proclamado eurodiputado electo el juicio ya había terminado y ninguna de las inmunidades que tenía entonces implicaba la suspensión el proceso de dictar sentencia.