Dolores Delgado, exministra de Justicia hasta el pasado lunes y propuesta por el Gobierno para el cargo de fiscal general, puede recibir este jueves del Consejo General del Poder Judicial un informe crítico con su nombramiento, en sintonía con el generalizado rechazo que su candidatura ha suscitado en las carreras fiscal y judicial. Un "amplio grupo" de vocales, afirman fuentes del CGPJ, tiene "serias dudas" de que Delgado reúna los requisitos de idoneidad para estar al frente del Ministerio Público.

El órgano de gobierno de los jueces se reúne con carácter extraordinario para aprobar el informe preceptivo -aunque no vinculante- previo al nombramiento de Delgado, que ya está suponiendo un foco de problemas para Pedro Sánchez antes incluso de haberse formalizado.

El actual CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, se ha pronunciado hasta ahora sobre cuatro fiscales generales (Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra) y en los cuatro casos el trámite ha sido prácticamente un paseo militar. Madrigal y Segarra recibieron el plácet del órgano de gobierno de los jueces en una reunión de veinte minutos y por unanimidad.

En el caso de Maza y Sánchez Melgar el debate se prolongó más tiempo pero el resultado fue de 20 votos a favor y uno en contra. Este último correspondió a Concepción Sáez, vocal a propuesta de IU, que sostuvo que el informe "exigido legal y constitucionalmente" no debía limitarse a corroborar los requisitos legales objetivos establecidos para ser fiscal general (ser jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional efectivo) sino que correspondía hacer una "una elaboración ordenada y suficientemente motivada de las cualidades, características y contexto en que se basa la conclusión de idoneidad del candidato propuesto".

Sáez se quejó entonces de que los vocales del CGPJ "ignoramos los motivos" por los que el Gobierno (en aquellos momentos del PP) había propuesto a Maza y a Melgar, y sostuvo que ambos tenían  una "trayectoria notable" pero "no más ni mejor" que otros magistrados. La vocal, sin embargo, se olvidó de estas quejas cuando la propuesta partió del Gobierno de Sánchez a favor de la progresista Segarra.

También otros vocales, como Enrique Lucas, Roser Bach o Juan Manuel Fernández (propuestos por PNV, PSOE y PP) vienen defendiendo que cuando se trata de informar sobre el futuro fiscal general debe haber un debate sobre la idoneidad del candidato y no una simple corroboración de si cumple o no los requisitos formales. "Si queremos dar contenido a lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tenemos que hacer una valoración del candidato propuesto y esta opinión fundada y razonada, además, no puede ser indiferente para el Gobierno y para el Congreso", defendió Lucas ante el pleno del CGPJ en el debate sobre la propuesta a favor de Maza, el 17 de noviembre de 2016.

¿Hasta dónde llegar, en ese caso? Álvaro Cuesta, vocal a propuesta del PSOE, opinó que "la posición del Consejo debe consistir en una valoración no sólo formal sino también de cumplimiento de la legalidad. Si fuera el caso, que no lo es, también podría valorarse la concurrencia de alguna circunstancia personal que constase en su expediente y que pudiera perturbar su designación".

Puerta giratoria exprés

Tres años después el debate se va a reproducir, seguro, con la candidatura de Dolores Delgado. Y también con seguridad se oirán opiniones críticas sobre su idoneidad para regir los destinos de una institución que debe estar sometida a los principios de legalidad e imparcialidad cuando ella se ha movido hasta hace 72 horas por el partidismo político como miembro del Gobierno y diputada del Congreso.

La puerta giratoria entre la política y la Fiscalía o la Judicatura tiene muchos precedentes. Lo que algunos vocales cuestionan es que el trasvase se produzca sin solución de continuidad, es decir, sin un mínimo período intermedio que permita alejar en el tiempo la fuerte alineación partidista exhibida por la candidata en los cargos políticos que ha desempeñado. A su juicio, ésto no es sólo una cuestión de actitudes internas o subjetivas de imparcialidad -por lo demás, incomprobables- sino de que los ciudadanos perciban cierta distancia en los trasvases entre la política y la Justicia. "Ante casos como el de Delgado, ¿cómo le pedimos a la gente que confíe en la despolitización del Ministerio Público y de la justicia?". La pregunta de uno de los vocales críticos resume esta reticencia. Que no es la única.

El marco legal

Una parte fundamental de las objeciones de varios vocales es la capacidad que tendrá la candidata de desarrollar su función de fiscal general a la vista del arsenal de prevenciones que el ordenamiento jurídico ha establecido para evitar, precisamente, influencias indebidas o ajenas a lo jurídico en los procesos judiciales.

Miembros del CGPJ sostienen que pueden ser "numerosos" los procedimientos en los que Delgado no debería poder intervenir a la vista de las causas de abstención establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicables a los fiscales.

Una de esas causas consiste en "haber ocupado cargo público (...) con ocasión del cual [el juez o fiscal] haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo". Sería, por ejemplo, aplicable al asunto del 'procés', en el que Delgado ha intervenido como responsable de la Abogacía del Estado.

Otra causa legal de abstención se refiere a "haber ocupado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad".

Además, la legislación establece que cuando un juez o fiscal que hayan desempeñado cargos políticos reingresen en la carrera correspondiente "deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".

La aplicación de este precepto impediría a Delgado intervenir en casos como Gürtel, los ERE, el 3% y otros muchos que afectan a cargos públicos de distintos partidos. Otros le han afectado a ella personalmente, como el caso Villarejo.

Fuentes del CGPJ defienden que tanto la puerta giratoria exprés como la normativa legal sobre abstenciones dibujan un escenario de "reparos" sobre la idoneidad de Delgado. La duda es si esas objeciones se traducirán en un informe negativo o más bien en un plácet que incluya observaciones críticas.

En el CGPJ, órgano integrado por 21 juristas y jueces, hay mayoría de vocales propuestos por el PP, que son 11, pero este jueves habrá una ausencia por un viaje previamente comprometido. Los vocales propuestos por PSOE, IU y PNV suman 9.

Noticias relacionadas