La propuesta que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dirigido al pleno de la institución sobre la candidatura de la exministra Dolores Delgado como fiscal general elude afirmar su idoneidad para ocupar el cargo y se limita a constatar que reúne los requisitos formales exigidos por la ley: ser español, jurista de reconocida competencia y llevar más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.
El pleno del CGPJ se reúne esta tarde para pronunciarse sobre la propuesta del Gobierno a favor de Delgado, que suscita reticencias en numerosos vocales. No es extraño porque, desde que se conoció la intención del Ejecutivo de que Dolores Delgado pasara sin solución de continuidad del sillón del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General, las críticas en las carreras judicial y fiscal han sido generalizadas.
La propuesta de Lesmes a los vocales se limita a indicar que "a la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata los requisitos exigidos por la legislación invocada".
La fórmula utilizada hasta ahora en los informes sobre los sucesivos fiscales generales era más amplia. Lesmes señalaba que "la verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su curriculum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto".
Con esa fórmula se avalaron los nombramientos, por ejemplo, de los magistrados del Supremo José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar. En el caso de Delgado, en la propuesta de Lesmes no aparece la segunda frase del párrafo, en la que se afirma la idoneidad para el cargo de fiscal general.
Fuentes del CGPJ aseguran que la intención de Lesmes al suprimir la mención a la idoneidad es "facilitar el consenso", en la idea de que un plácet limitado a los requisitos formales podría concitar más apoyos que si se entra en la cuestión de la aptitud de la candidata para ser fiscal general.
Curriculum
La "documentación recibida" a la que alude el escrito del presidente del CGPJ se reduce al acuerdo del Gobierno de proponer a Delgado y a un curriculum de tres folios de la candidata.
En él se indica que es licenciada en Derecho e ingresó en la carrera fiscal en 1989. Luego se reseñan sus sucesivos destinos. Así, señala que en la Fiscalía Antidroga (1993-2004) "ha dirigido algunas de las operaciones más importantes contra el narcotráfico y las redes de blanqueo de dinero, así como múltiples casos por crímenes imputables a organizaciones criminales como Cosa Nostra, N'Drangeta, Camorra, redes turcas de la heroína, organizaciones gallegas y colombianas de la cocaína y otras redes de macrocriminalidad de múltiples nacionalidades".
"Por decisión del fiscal general del Estado", añade, "fue asignada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional (2004-2006) con la finalidad específica de sostener la acusación en el denominado caso Adolfo Scilingo, tramitado bajo la aplicación del principio de jurisdicción universal. El juicio se solventó en 2005 con sentencia condenatoria por delitos de lesa humanidad".
También refleja que "ha sido la única fiscal que ha ejercido la acusación en casos de crímenes de lesa humanidad en España hasta la fecha".
Entre 2006 y 2007 fue portavoz de la unidad de apoyo al fiscal general y luego regresó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde "tomó parte en las más importantes operaciones contra el terrorismo nacional y asumiendo la investigación y acusación en terrorismo internacional", materia en la que fue coordinadora.
Forma parte de un grupo de expertos internacionales en terrorismo yihadista y fue representante española en una alianza formada por las Fiscalías de Marruecos, Francia, Bélgica y España.
En 2011 fue designada fiscal de apoyo para el caso Libia en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En 2018 fue vocal del Consejo Fiscal por la Unión Progresista de Fiscales y entre 2018 y 2019 ha sido ministra de Justicia con el PSOE. No se refleja que hasta la fecha también es diputada socialista en el Congreso.