El secretario general del Parlament de Cataluña, Xavier Muro, ha comunicado a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que María Senserrich i Guitart es la integrante de la lista de Junts per Catalunya que debe ocupar el escaño que hasta ahora correspondía a Quim Torra, cuya credencial de diputado ha sido retirada por la Junta Electoral Central en aplicación de la ley electoral.
Muro se ha sometido a la orden de la Junta Electoral Provincial, que le había dado un plazo de 48 horas -que vencía este lunes- para comunicar quién era el siguiente de la lista a Ferran Mascarell, designado por la Cámara autonómica para ocupar el escaño dejado vacante por la renuncia de Carles Puigdemont. El expresidente ha preferido quedarse con su acta de eurodiputado, incompatible con la de parlamentario autonómico.
La Junta Electoral de Barcelona había designado inicialmente a Mascarell en la plaza de Torra al no tener noticia de que había sido asignado a la vacante de Puigdemont. Por ello, el pasado jueves ordenó al Parlament que le comunicara el nombre del siguiente de la candidatura de JxC y advirtió de que, de no hacerse en 48 horas, la propia Junta lo identificaría.
No ha sido preciso llegar a esa segunda opción porque el secretario general, que sin duda conoce que las órdenes de la Administración Electoral son imperativas, ha realizado en plazo la comunicación requerida.
Tras recibir la certificación de Muro, la Junta Electoral Provincial ha acordado "expedir la oportuna credencial a nombre de la diputada Maria Senserrich i Guitart, de la que se hará oportuna entrega por esta Junta Electoral Provincial al Parlament de Catalunya en el día de hoy".
La Administración electoral provincial está actuando en cumplimiento del acuerdo adoptado el pasado 3 de enero por la Junta Electora Central, que, a la vista de la condena por desobediencia impuesta a Torra por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, resolvió aplicar el artículo 6.2 b) de la ley electoral. Este precepto establece que "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos (...) contra la Administración Pública (...) cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado por dos veces suspender la ejecución del acuerdo del 3 de enero. Por ello, el pasado jueves la JEC decidió por unanimidad dirigirse a Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña, para que "de forma inmediata" proceda a dar cumplimiento a lo acordado por la Adminitración electoral y "realice todos los trámites necesarios para hacer efectiva la pérdida de la condición de diputado" de Quim Torra.