El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, dictó el pasdo jueves una resolución en la que afirma que los hechos relativos a la presencia de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid el pasado 20 de enero "revisten los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa".
Ése fue el presunto delito denunciado por el PP y que llevó al Juzgado de Guardia el pasado martes a requerir a Aena, bajo apercibimiento de desobediencia, para que conserve las imágenes de Rodríguez que hayan sido grabadas a través del servicio de videovigilancia del aeropuerto.
La vicepresidenta venezolana es una de los 25 dirigentes de la República Bolivariana sobre los que pesan sanciones acordadas por el Consejo de la Unión Europea, incluyendo la prohibición de viajar a territorio de la UE.
Pese a ello, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se entrevistó con ella en el aeropuerto. Rodríguez, además, fue alojada en una sala VIP hasta que salió en un vuelo comercial con destino a Doha (Catar).
El juez Carretero recibió por reparto las actuaciones realizadas por la jueza de guardia, Susana Trujillano, que en su resolución para requerir a Aena afirmó que "de los datos expuestos en el escrito [del PP] se desprenden indicios racionales de hecho delictivo".
En el mismo sentido, el magistrado señala en el auto que dictó el jueves que "los hechos revisten los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa y otros cuyo conocimiento está atribuido a los Juzgados de Instrucción (...), por lo que acordó incoar diligencias previas.
Carretero decidió como primera medida solicitar información al Juzgado de Instrucción número 31 sobre la existencia de un procedimiento por los mismos hechos. En efecto, este Juzgado recibió una anterior querella -aún pendiente de admisión a trámite- interpuesta por una formación política minoritaria, el Partido Laócrata, dirigida contra "los funcionarios y autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjería" durante el encuentro del ministro y la mandataria venezolana.
El titular del Juzgado 47 ha decidido inhibirse a favor del 31, que deberá ahora resolver si acepta o no la inhibición y si abre un procedimiento penal para investigar los hechos.
El titular del Juzgado 31 es Antonio Serrano-Arnal, que es el instructor del llamado 'caso Rato', en el que se investigan presuntos delitos fiscales y de corrupción del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar.
La reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez tiene ya varios frentes judiciales abiertos a raíz de denuncias presentadas por Vox y Cs, además de la del PP y la querella del Partido Laócrata.
Todos ellos han presentado iniciativas en diferentes instancias -el Tribunal Supremo, Fiscalía y los Juzgados de Instrucción de Madrid- aunque ningún órgano judicial las ha admitido aún formalmente a trámite.