Iglesias acusa al juez del 'caso Dina' de sacar conclusiones aventuradas y sin base fáctica

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado al juez de sacar conclusiones aventuradas, carentes de base fáctica y jurídica, en el recurso de apelación contra el auto por el que le retiró la condición de perjudicado en la pieza 10 del caso Villarejo sobre el robo del móvil a su exasistente Dina Bousselham.

El recurso, al que ha tenido acceso Efe, lo suscribe el letrado Raúl Maillo después de que el juez, al percibir un conflicto de intereses, obligase a Bousselham a dejar de compartir con Iglesias a la misma abogada, Marta Flor Núñez, quien ha tenido esta semana protagonismo en los medios por las revelaciones que hizo en un chat de Podemos estando relacionada con uno de los fiscales del caso.

Según el escrito dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "en forma alguna se ha acreditado ni indiciariamente" que Iglesias, tal y como sostiene el juez Manuel García Castellón, ocultase a su exasistente que había recuperado la tarjeta de memoria del móvil que le fue sustraído en noviembre de 2015 y que se la entregase dañada, "incluso quemada como se ha llegado a decir".

"Sostiene una hipótesis del juzgador (...) ajena a la naturaleza de la presente causa, pero que además excede de la valoración de la condición de perjudicado del mismo, además de no existir tal elemento indiciario de devolución dañada de la tarjeta".

También considera que "en la medida en que se entregase antes o después, fue siempre una actuación voluntaria, sin requerimiento alguno, y que muestra la ausencia de ocultación alguna más allá de que se tardase más o menos tiempo".

En cuanto al estado en que le entregó la tarjeta, el letrado destaca que cuando se aportó al juzgado nadie advirtió "daño exterior alguno de la misma, ni por el propio juez instructor, ni por el Letrado de la Administración de Justicia ni por los funcionarios que acceden a la misma en distintas ocasiones".

Lo que sí consta es que "inicialmente funcionaba", apunta el abogado, apoyándose en la última versión ofrecida por la exasesora en una carta a García Castellón cuando le retiró a Iglesias, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la condición de perjudicado.

"Al menos, se pudo acceder por Doña Dina de forma parcial a los contenidos de ésta, y posteriormente dicha tarjeta no funcionó de forma completa, pero nunca se apreció que ésta estuviera dañada o destruida o incluso quemada como se ha llegado a afirmar, y cuando ni tan siquiera se ha hecho así constar en más de un año de presencia ante el Juzgado, e incluso en diligencias referidas a dicha tarjeta, resulta aventurada la conclusión que se impugna", reitera.

El recurso rebate también la tesis de García Castellón de que Villarejo no pudo estar implicado en la publicación de los pantallazos del chat de Podemos en medios porque la copia de los datos del móvil de Bousselham hallados en su poder era posterior a esas publicaciones.

"Se obvia -observa el recurso- que se trata de copias realizadas en fechas previas a la utilización periodística de los archivos del mismo, y que, en cualquier caso, provienen de una previa fuente de diciembre de 2015, antes de cualquier entrega a mi representado de tarjeta alguna".

Iglesias la recuperó en enero de 2016 de manos del presidente del Grupo Zeta tras llegar de forma anónima a la revista Interviú, mientras que los dos archivo con copia de los datos de la tarjeta encontrados a Villarejo, lo que motivó la apertura de esta causa, están fechados en abril y julio de 2016.

A este respecto el letrado advierte que esas evidencias halladas al excomisario son "siempre provenientes de unos archivos de creación previa a la posible tenencia de la tarjeta por mi representado, y cuyas capturas de pantalla contenidas en esos archivos, son cotejadas como idénticas a las publicadas".

También discute que la tarjeta restituida a Iglesias fuese la original, algo que lamenta se afirme en la causa "sin evidencia indiciaria alguna", por lo que no deja de ser "una hipótesis carente de fundamentación alguna".

Entiende además que el que se hubieran copiado los archivos en 2016, "en nada altera la posición de perjudicado de mi representado ante la revelación de secretos al hacerse públicas conversaciones de las que el Sr. Iglesias sigue siendo perjudicado".

El recurso de apelación reitera, como ya hizo en reforma la anterior abogada, que no se ha podido determinar si el robo del móvil fue un hecho casual o una actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible sobre el líder de Podemos para perjudicarle políticamente.