La Fiscalía pide al Supremo que no abra una causa penal a Marlaska por el cese de De los Cobos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala Penal que rechace las querellas interpuestas por varios abogados contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Las querellas aludían a presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y coacciones, entre otros. 

En un informe dirigido al alto tribunal el pasado jueves, la Fiscalía sostiene que la destitución de Pérez de los Cobos no tiene relevancia penal al tratarse de un cargo discrecional y no existir indicio alguno del resto de los delitos. 

La posición del Ministerio Público sobre estas querellas ha sido decidida por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, número dos de la Fiscalía General del Estado. La fiscal general, Dolores Delgado, ha encomendado a Navajas todos los asuntos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez después de que ella haya decidido abstenerse por haber sido ministra de Justicia.

El dictamen sí aprecia que el cese de Pérez de los Cobos puede tener consecuencias en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa ya que debería haber contenido una motivación más completa. Pero ello, a juicio del fiscal, no convierte en prevaricadora la decisión.

El cese de Pérez de los Cobos acabará con toda probabilidad en la jurisdicción contencioso-administrativa, a la que el coronel acudirá después de que Marlaska desestime el recurso de alzada interpuesto el pasado 23, aún no resuelto.

De los Cobos fue cesado en la noche del domingo 24 de mayo por una llamada de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que le reprochó que no hubiera informado a la superioridad sobre el contenido de los últimos atestados enviados a la jueza Carmen Rodríguez-Medel por parte de los guardias civiles adscritos a ella como Policía Judicial para investigar el alcance penal de la celebración del Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo en Madrid.

"Es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que la Guardia Civil está entregando a la jueza", dijo Gámez a Pérez de los Cobos. Aunque Rodríguez-Medel acabó archivando las diligencias, en aquel momento el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tenía la condición de investigado y el Ejecutivo temía, a tenor de las diligencias acordadas, que la causa afectara al director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

El cese de Pérez de los Cobos levantó una ola de indignación en la Guardia Civil dado que se había destituido a un mando de la Benemérita "por hacer lo que exige la ley: no inmiscuirse en una investigación judicial", señalaron fuentes del Cuerpo.

La Policía Judicial depende exclusivamente de los jueces y, en este caso, además, la magistrada Rodríguez-Medel había dado instrucciones estrictas -que comunicó por escrito al secretario de Estado de Interior- de que los guardias civiles de la Comandancia de Madrid que trabajaban a sus órdenes sólo debían informarle a ella sobre la investigación.

El cese motivó la dimisión del máximo mando operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y un intento de reprobación parlamentaria por parte de la oposición que se debate esta semana en el Congreso. 

En un primer momento, Grande-Marlaska atribuyó el cese a razones de organización internas y lo desvinculó de la causa del 8-M, si bien posteriormente matizó que respondía a la filtración a los medios de los informes presentados a la jueza y argumentó que no daba más detalles por respeto a la carrera profesional De los Cobos.

Pero el pasado 2 de junio trascendió el documento en el que Gámez propuso el cese de Pérez de los Cobos, escrito en el que la directora de la Benemérita daba como motivo que "no ha informado del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil".

Documento de la Guardia Civil pidiendo el cese de Pérez de los Cobos.