El TSJA abre diligencias contra Francisco Serrano por posible fraude o estafa

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigará al presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano. El tribunal andaluz ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por un delito de fraude de subvenciones o, alternativamente, delito de estafa.

Serrano fue candidato en las elecciones de diciembre de 2018 por Vox, que se convirtió en llave para formar gobierno, y abandonó la formación de Santiago Abascal el pasado 1 de julio cuando la Fiscalía elevó la querella, pero sin entregar el acta. Pasó al grupo no adscrito.

Por eso, precisamente, al estar aforado por su condición de diputado, será investigado por el TSJA por el cobro de una ayuda de 2,5 millones que obtuvo una empresa creada por el propio Serrano y un antiguo socio, al que también investigará pese a carecer de aforamiento. 

En un auto, consultado por EL ESPAÑOL, emitido el pasado día 21 de julio, la Sala sostiene que la documentación aportada "hace imprescindible comprobar", si, tal como se establece en la querella, el diputado y su socio constituyeron una sociedad "con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes".

El tribunal andaluz investigará si crearon esta sociedad con el fin de ser beneficiarios del apoyo financiero a la inversión industrial que el Ministerio de Industria convocó en marzo de 2016.

Apariencia de capital

En concreto, centrará la investigación en conocer "si generaron una apariencia de capital social suficiente para alcanzar los umbrales mínimos de viabilidad económica y financiera". Todo ello para servir de base para el importe de la ayuda solicitada, que alcanzó los 2,4 millones de euros, asegura el auto remitido por el TSJA.

Asimismo, la investigación judicial tratará de esclarecer "si esas cantidades fueron empleadas total o parcialmente para fines distintos a aquellos para los que se concedió el préstamo público".

El fin de la empresa era la construcción de una fábrica de pellas (combustible a base de madera) en Niebla (Huelva), que finalmente no se hizo ni tampoco se llevó a cabo el reintegro de la deuda.

En su querella, la Fiscalía asegura que esta ayuda fue sacada de la cuenta inicial en dos transferencias, de 1,4 millones de euros y 651.000 euros. El resto (438.000 euros) se usó en operaciones no relacionadas con la finalidad para la que se pidió. Según la denuncia, el dinero inicial fue ingresado en una cuenta de Serrano en Targo Bank, que fue cancelada tres meses después, el 20 de marzo de 2017.

Culpa al socio

Hace unas semanas, Serrano rompió su silencio y defendió su inocencia al respecto a través de un 'hilo' en su cuenta de Twitter. Afirmaba en la red social estar sufriendo "acoso y persecución" en el marco de esta investigación y anunció que se va a centrar ahora en recopilar todas las pruebas que demuestran su "inocencia".

Por último, aseguró que sufrió "engaño y perjuicio económico" para entrar en la sociedad y culpó a su socio: "Cuando detecté irregularidades por parte del otro socio que era quien administraba, me desvinculé cuando aún había fondos para el proyecto por el que se dio el crédito".

La postura de Vox

Hace unas semanas el portavoz del Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, ya aseguró que no le parecía bien que Serrano no haya devuelto su acta de parlamentario. Dejó claro que el partido no tendrá "complacencia" con él.

Hernández recordó que todos los cargos electos de Vox firmaron un documento en el que se comprometieron a devolver el acta en el momento de abandonar el partido y que no habrá marcha atrás. En esa línea, señaló que si Serrano resulta inocente cuando culmine este proceso judicial su partido no contempla "ningún tipo de situación de regreso". Esto último, a su juicio, "sería lo razonable".

Polémico juez

El juez Francisco Serrano era más conocido en Andalucía que el propio Santiago Abascal cuando en 2015 fue fichado para convertirse en el candidato de Vox a presidir la Junta. Obtuvo poco éxito, pero a finales de 2018 el viento sopló a su favor e irrumpió en el Parlamento andaluz con 12 escaños.

En este tiempo ha sido protagonista de varias polémicas y Vox empezó a hacerle el vacío hasta que hace unas semanas decidió abandonar la formación tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía.

Durante su carrera judicial fue condenado a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación judicial doloso cuando ejercía de juez. De lengua fácil, ya tenía partidarios y detractores por su llamada "ideología de género", sus críticas a la sentencia de 'La Manada' -le provocaron una baja médica- y su cruzada contra la ley de Violencia de Género y contra "las feminazis".