La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda las salidas laborales concedidas a los líderes independentistas condenados por el "procés" en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, después de que una jueza dejara ayer sin efecto el tercer grado a cinco de ellos.

En un escrito, dos de los fiscales de la causa del "procés" piden al alto tribunal que siga el mismo criterio que fijó con Carme Forcadell -a quien suspendió los citados permisos- en el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquin Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Jordi Turull y Josep Rull.

Cinco de ellos -el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn; el exlíder de la ANC Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Jordi Cuixart- tienen desde ayer el tercer grado suspendido por orden de la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, mientras resuelve los recursos de la Fiscalía contra su régimen abierto.

Por tanto, estos cinco presos ya no han podido salir de prisión este miércoles, tampoco para trabajar o hacer voluntariado, como hacían hasta obtener la semilibertad, en aplicación del artículo 100.2, dado que la cárcel de Lledoners (Barcelona) tendría que plantear la recuperación del mismo, según fuentes penitenciarias consultadas por Efe.

Lo que quiere la Fiscalía del Supremo es que el alto tribunal cierre la puerta a este tipo de salidas laborales o para hacer voluntariado de las que disfrutaban los líderes del "procés" antes del tercer grado, como hizo con Forcadell la semana pasada, al revocar para ella ese régimen flexible que acoge el artículo 100.2 y declararse competente para hacerlo con los demás.

Hasta ahora, los recursos de apelación de la Fiscalía contra dicho artículo recaían en las audiencias provinciales, pero el alto tribunal asumió la competencia para revisarlos en un auto donde además señalaba que el recurso del fiscal tiene efectos suspensivos.

En base a este último argumento, los fiscales quieren que en cuanto los recursos de apelación del resto de presos lleguen al Supremo, el tribunal acuerde la inmediata suspensión cautelar del artículo 100.2 mientras resuelve sobre el fondo del asunto.

También la Fiscalía de Barcelona ha solicitado ante los respectivos juzgados de vigilancia penitenciaria competentes esta medida para "evitar que la decisión pudiera demorarse" entre que los recursos llegan desde la Audiencia hasta el Supremo, según explican los fiscales en su escrito de este miércoles.

Tras la decisión del Supremo sobre Forcadell, la Audiencia de Barcelona acordó remitir los recursos de la Fiscalía contra la aplicación de este artículo a Forn y a los Jordis.

El ministerio fiscal también pidió la suspensión del tercer grado de Forcadell, pero como está en la cárcel barcelonesa de Wad Ras, la decisión debe tomarla otro juez de vigilancia penitenciaria, y todavía estudia los casos de los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa.

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