La magistrada Elena Garde, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), ha enviado este jueves al Tribunal Supremo las diligencias instruidas contra el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés al apreciar indicios de un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153 del Código Penal.
Este precepto castiga con prisión hasta un año o trabajos en beneficio de la comunidad a quien "por cualquier medio o procedimiento" cause a su esposa un "menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad, o [la] golpeare o maltratare de obra sin causarle lesión".
Valdés fue detenido en la noche del pasado lunes por la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda tras una fuerte discusión mantenida con su esposa, a la que unos jóvenes que se encontraban en el parque colindante con la vivienda escucharon pedir auxilio desde la terraza.
Estos testigos han sido determinantes en la decisión de la magistrada de elevar el caso al Supremo. Está previsto que el asunto sea examinado ahora por la Sala de Vacaciones del alto tribunal.
El envío de las diligencias al Supremo, órgano ante el que están aforados los magistrados del Tribunal Constitucional, era un paso esperado en el TC ya que la jueza de Majadahonda lo había anunciado en el auto en el que el pasado martes dejó en libertad con cargos a Valdés.
EL Constitucional ha optado por ahora por quitar hierro al asunto y ni Valdés ha presentado su renuncia al cargo ni el presidente, Juan José González Rivas, se ha ha pedido.
Ambos celebraron una reunión el pasado martes en la que Valdés mostró al presidente las declaraciones que tanto él como su esposa han prestado en el Juzgado de Majadahonda. Ambos admiten que en la tarde del lunes tuvieron una discusión a gritos en la terraza de su domicilio, que da a un parque.
Dos jóvenes les escucharon y vieron al hombre agarrar a la mujer por el brazo y meterla dentro de la casa. Los chicos llamaron a la Policía Local y a la Guardia Civil y unidades de ambos cuerpos se desplazaron hasta el lugar. La esposa de Fernando Valdés aseguró que habían tenido una simple discusión y manifestó no iba a denunciar nada.
Posteriormente volvieron los agentes de la Benemérita para tomarles declaración y en una tercera visita, pasadas las nueve de la noche, procedieron a detener a Valdés. No obstante, no fue conducido al cuartel sino a un hospital, donde pasó la noche, debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria.
Tras recibir el alta médica esta mañana, el magistrado, de 75 años, ha sido puesto a disposición del Juzgado junto a un atestado en el que la Guardia Civil se refiere a la existencia de un hecho de "violencia física leve".
En sus manifestaciones ante la jueza tanto Valdés como su esposa han negado que hubiera cualquier tipo de violencia. La mujer, muy afectada por la situación, señaló que lleva más de 50 años viviendo con su marido y que le quiere. Ratificó que no va a denunciar ni considera preciso ser reconocida por el médico forense ni solicita ninguna orden de protección, subrayando que su esposo padece desde hace tiempo una enfermedad grave y está sometido a tratamientos médicos.
Uno de los testigos ha relatado que él y sus amigos escucharon a la mujer gritar ‘¡ayuda, ayuda, por favor, necesito ayuda! ¡Socorro!’", según ha publicado Confilegal. El testigo añadió que "yo me dispuse a salir corriendo hacia el chalet adosado, junto con mi amigo y su novia”.
Vieron que en la terraza situada en la segunda planta de un chalé una anciana "se agachaba" y "un hombre, también de avanzada edad, la agarró del hombro y del brazo y la metió para dentro de la habitación".
Los jóvenes se asustaron y gritaron a la mujer qué ocurría y si necesitaba ayuda, pero no obtuvieron respuesta. Entonces llamaron al telefonillo de la puerta exterior del chalé.
“Toqué hasta siete veces el telefonillo. Hasta que el hombre nos abrió la puerta. Fuimos hasta la puerta de la casa. Allí nos abrió con la mano temblando, apoyada en el marco de la puerta. Con voz temblorosa nos dijo que todo estaba bien, que no nos preocupásemos, que no había pasado nada“.
"Yo le respondí que a mí eso me daba igual, que yo ya había llamado a la Policía, que les iba a contar los actos que había visto. Lo que había ocurrido. Incluyendo los gritos de auxilio. Me contestó que no había problema, que llamase a la Policía”.
El incidente se produce 22 días después de una relevante sentencia del propio TC en la que se exige a los órganos judiciales una investigación "suficiente y eficaz" de los asuntos de violencia de género, a los que aplica un "canon reforzado del deber de actuación diligente y sin dilaciones".
La sentencia, con ponencia del magistrado Antonio Narváez, lleva también la firma de Fernando Valdés.