El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés está en manos de la Fiscalía: si el Ministerio Público no ve motivos para que se abra un procedimiento penal contra él por un supuesto delito de maltrato en el ámbito familiar, el Supremo no le encausará, indican fuentes del alto tribunal consultadas por EL ESPAÑOL.
La Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo tiene previsto remitir esta semana a la Fiscalía la exposición razonada que el pasado jueves elevó la jueza de Majadahonda Elena Garde, a la que correspondió examinar el atestado de la Guardia Civil relativo a la detención de Valdés por un incidente de presunto maltrato a su esposa ocurrido el pasado día 10.
La Sala de Vacaciones, que previsiblemente nombrará ponente del asunto al magistrado de la Sala Penal Antonio del Moral, pedirá a la Fiscalía que informe sobre la competencia del alto tribunal para entrar en el caso y sobre si se debe encausar a Valdés, de 75 años. De lo primero no hay duda alguna, ya que los miembros del TC están aforados en el Supremo.
El traslado al fiscal es lo primero que siempre se hace con las causas especiales, recuerdan las fuentes consultadas. Explicaron que no sería razonable meter en un cajón la exposición de la jueza y esperar a la finalización del descanso estival para entonces empezar los trámites, prolongando así innecesariamente la delicada situación en la que se encuentra un miembro del Tribunal Constitucional.
Sala de Vacaciones
Las mismas fuentes consideran, no obstante, que la Sala de Vacaciones no será la que decida si hay que abrir una causa a Valdés, incluso aunque el fiscal emita su informe antes del 1 de septiembre. Subrayaron, a este respecto, que la Sala de Vacaciones tiene competencia para asuntos urgentes e inaplazables. De otro lado, sólo quedan dos semanas para la reincorporación de los magistrados de la Sala Penal, que es la competente para decidir.
Tanto la jueza de Majadahonda -cuyo Juzgado se encarga precisamente de los asuntos de violencia de género- como la Guardia Civil apreciaron indicios de un presunto delito de maltrato leve definido en el artículo 153 del Código Penal.
Este precepto castiga con hasta un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad a quien "por cualquier medio o procedimiento" cause a su esposa un "menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad, o [la] golpeare o maltratare de obra sin causarle lesión".
Las fuentes consultadas indicaron que se trata de un delito de naturaleza pública, por lo que, en un plano teórico, el Supremo podría iniciar por su propia iniciativa el procedimiento sin necesidad de que lo pida el fiscal.
No obstante, la práctica constante de la Sala Penal lleva a la conclusión de que, si el fiscal no ve indicios de delito y no hay ninguna otra acusación, los magistrados no dan curso a una causa que, llegada la fase de acusación, estaría llamada a un archivo inexorable en virtud del principio acusatorio.
Una discusión
En las declaraciones que prestaron ante la magistrada Garde, tanto Valdés como su esposa admitieron que en la tarde del pasado día 10 tuvieron una fuerte discusión, pero ambos han negado que hubiera cualquier tipo de violencia.
La mujer, muy afectada por la situación, insistió en que no va a denunciar a su marido, con el que lleva viviendo más de 50 años y que se encuentra enfermo. Tampoco consideró preciso ser reconocida por el médico forense ni pidió orden de alejamiento.
Pero los delitos de delito de violencia de género no requieren la denuncia de la víctima y Valdés tiene en contra el testimonio de un joven, que se encontraba en un parque cercano al domicilio del magistrado del Constitucional y que vio a una mujer (la esposa) dando "gritos de auxilio" desde la terraza del chalé.
Este testigo, que fue el que alertó a la Policía Municipal y a la Guardia Civil, ha declarado que, al oír los gritos, él y un amigo se acercaron al chalé y preguntaron a la mujer si necesitaba ayuda. Entonces vieron al hombre cogerla del hombro y del brazo y meterla para dentro.
Valdés admitió ante la jueza de Majadahonda que pudo coger a su esposa de los brazos para meterla en la casa cuando ella se encontraba en la terraza, a la que salió a pedir ayuda creyendo que él la había seguido hasta ese lugar con la idea de continuar la discusión.
El magistrado del TC fue detenido en torno a las 21,30 horas del día 10 por la Guardia Civil, a la que no comunicó su condición de aforado. Los agentes visitaron tres veces el domicilio: después de recibir la llamada del testigo, para tomarles declaración y para efectuar la detención.
No obstante, Valdés no fue conducido al cuartel sino a un hospital, donde pasó la noche, debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria.
El Tribunal Constitucional difundió el martes 11 un comunicado reclamando respeto a la presunción de inocencia del magistrado. El presidente del tribunal y Valdés se reunieron ese día para valorar la situación y optaron por rebajar la trascendencia del asunto. Ni el magistrado ofreció su renuncia ni Juan José González Rivas se la pidió.
Valdés, elegido miembro del TC en 2012 a propuesta del PSOE, terminó su mandato en julio del pasado año pero continúa en el tribunal dado que las fuerzas políticas no han procedido a la renovación del órgano.