Anticorrupción acusa al juez García-Castellón de "cerrar en falso" la pieza Dina sin obedecer a la Sala

La Fiscalía Anticorrupción no está conforme con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de dar por terminada la investigación de la pieza Dina, la parte del caso Tándem relativa a la difusión en algunos medios de mensajes comprometedores para Pablo Iglesias que estaban almacenados en la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham, antigua asesora del líder de Unidas Podemos.

Anticorrupción no ha presentado contra esa decisión un recurso de reforma, que hubiera sido resuelto por el propio Garcia-Castellón, sino que ha ido directamente en apelación a la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Este órgano ya corrigió al instructor el pasado 16 de septiembre en una resolución en la que ordenó devolver la condición de perjudicado a Iglesias e instó al instructor a proseguir la investigación de los indicios que motivaron la apertura de la pieza Dina: el hallazgo en casa de José Manuel Villarejo de archivos guardados en el móvil de Bousselham, algunos de los cuales fueron publicados en determinados medios (Okdiario, El confidencial y El mundo) por periodistas que mantenían una antigua relación con el comisario.

García-Castellón cerró la investigacion de la pieza Dina el 7 de octubre último -el mismo día que elevó al Tribunal Supremo una exposición contra Pablo Iglesias- y acordó la transformación de las diligencias del caso Dina en procedimiento abreviado, limitando el banquillo a Villarejo y los periodistas de Interviu Alberto Pozas y Luis Rendueles. Éstos admitieron haber recibido una copia de la tarjeta de Dina y haberla entregado a Villarejo.

Para Anticorrupción, con esa "descripción limitada" de los hechos que deben ser juzgados el instructor "no ha continuado la investigación inicial" y "tampoco ha dado cumplimiento al mandato de la superioridad", afirma en referencia al auto de la Sala del 16 de septiembre, "por cuanto la principal hipótesis existente en la investigación es que la fuente de las publicaciones sería la organización criminal de Villarejo".

Derechos de las partes

Para los fiscales, García-Castellón "ha cerrado en falso una investigación de forma inmediata a la notificación de la resolución de la Sala, sin practicar una sola diligencia en la dirección apuntada" por el órgano superior jerárquico (la presunta filtración por Villarejo de los mensajes contra Iglesias) y "cercenando los derechos de todas las partes". Se ha impedido a Pozas y Rendueles, de un lado, la práctica de diligencias de descargo y a las acusaciones, de otro, "investigar y formular acusación por la difusión de dicho material de forma ilícita a los medios de comunicación".

El recurso sostiene que el instructor, "de forma injustificada y contraria a los indicios existentes, y obviando lo dispuesto por la Sala de Apelación, afirma tajantemente que Villarejo no reveló el contenido del teléfono a Okdiario", pero lo ha hecho "sin practicar diligencias interesadas por esta representación pública o derivadas de las ya practicadas, que resultan esenciales".

Recuerda, a este respecto, que las carpetas encontradas en los ordenadores de Villarejo contenían "multitud de información" de Bousselham (datos personales, bancarios, comunicaciones con terceros, archivos de vídeo y audio) y buena parte de estos documentos están fechados en 2014 y 2015. "Ninguna investigación se ha efectuado sobre ello, más allá de los chats de Telegram" de los que salieron las frases de Iglesias publicadas ("azotaría a Mariló Nontero hasta que sangre").

También recuerda que Pozas y Rendueles han sostenido que entregaron a Villarejo la tarjeta de memoria del móvil de Dina a requerimiento de Villarejo y éste declaró que dio esa información a la Dirección Adjunta Operativa "por su elevado interés policial", en alusion a los datos bancarios, ya que había en marcha investigaciones sobre la financiación supuestamente irregular de Podemos.

Diligencias

Los fiscales señalan, finalmente, que los pantallazos del chat de Telegram publicados en julio de 2016 y que han centrado el interés del instructor no son la única información del móvil que se difundió: los medios mencionados habían publicado datos procedentes de la tarjeta de Dina con anterioridad, entre enero y marzo de 2016, "lo que exige continuar con la investigación".

Anticorrupción cree que investigación debe proseguir para volver a tomar declaración a Dina, cuya citación pidió a García-Castellón en mayo y septiembre pasados.

Considera, además, que la expareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, debe ser también citado a declarar "dadas las contradicciones en que incurrió en su primera declaración judicial y las lagunas por ello creadas respecto de la sustracción del teléfono y la recuperación de la tarjeta".

También sostiene que debe citarse al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino para contrastar si la información almacenada en el móvil llegó a alguna unidad de investigación. La Fiscalía solicita que Pino declare como testigo, aunque asistido de letrado para garantizar sus derechos dado que está siendo investigado en la pieza Kitchen.

Recurso de los periodistas

Los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles también han recurrido en apelación el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado por el instructor.

Sostienen que, en contra de lo que afirma García-Castellón, "existió un requerimiento [policial] que justificaba" la entrega de la tarjeta de Dina a Villarejo, "requerimiento que debía ser cumplido".

"Llama la atención que la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía no fueran capaces de encontrar motivos para detener al comisario Villarejo hasta noviembre de 2017 pero se exija a Pozas y Rendueles que casi dos años antes supieran que se trataba de un presunto delincuente", afirma la defensa.

Añade que, contrariamente a lo que afirma el instructor, "sí estaban en curso investigaciones policiales que justificaban la entrega" de la tarjeta. La defensa aporta numerosos artículos periodísticos que daban cuenta de que en aquella época la Policía indagaba sobre "la posible financiación irregular de Podemos por países como Irán o Venezuela, se había puesto en marcha el Informe Pisa y se estaban investigando las finanzas del partido".