La Fiscalía de Madrid considera que Ángel Hernández, el hombre detenido el 3 de abril de 2019 por ayudar a morir a su esposa enferma de esclerosis múltiple, incurrió en un delito de cooperación al suicidio, por el que considera que debe ser juzgado y condenado a seis meses de prisión. Pero el Ministerio Público anuncia desde ahora que apoyará el indulto que pueda solicitase en caso de condena.
La Fiscalía ha presentado el escrito de acusación contra Hernández, a quien su pareja le expresó de forma “constante” su deseo de acabar con su vida por los “intensos” dolores “más allá de lo que podía soportar” que padecía a raíz de que le fuera diagnosticada “una enfermedad crónica, degenerativa e incurable”.
El representante del Ministerio Público, que considera que concurren las atenuantes de confesión y parentesco, señala que en 1989 María José Carrasco, la esposa de acusado y con quien mantenía una relación sentimental desde 1982, fue diagnosticada de esclerosis múltiple.
Cinco años más tarde le fue reconocida un grado de discapacidad del 82 % y en 1996 le concedieron la gran invalidez.
A partir de ese momento la mujer necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria y por ese motivo el acusado solicitó una reducción de jornada laborar para atenderla.
Desde 1999 Hernández, tras acogerse a una excedencia laboral “se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer”, destaca el escrito del fiscal.
Durante varios años la pareja realizó una “fuerte” inversión económica para reformar y acondicionar su vivienda con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas. Se instaló incluso un equipo medicinal en el domicilio.
La mujer sufrió un deterioro físico progresivo a consecuencia de la enfermedad, si bien mantuvo siempre “íntegras” sus capacidades cognitivas, sostiene el Ministerio Público.
"Desamparo"
A partir de 2007 Hernández comenzó a solicitar “reiteradamente” a las administraciones públicas ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer. Por ejemplo, reclamó una residencia específica para enfermos de esclerosis múltiple lo que le fue denegado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Dos años más tarde, la Dirección General de Coordinación de la Dependencia reconoció a Carrasco el nivel I, grado III de gran dependencia, así como el derecho al Servicio de Atención Residencial.
Sin embargo, nunca se le llegó a prestar el servicio reconocido, "siendo su esposo la persona que tuvo que asumir él solo todas las responsabilidades del cuidado", destaca el fiscal. Ello le generó "un profundo sentimiento de desamparo y abandonó”, afirma.
A partir de 2014, “en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias”, la mujer exteriorizó, y no solo a su marido sino también a otras personas, su deseó acabar con su vida.
"Intentó disuadirla"
Por ello, se pusieron en contacto con la asociación Derecho a Morir Dignamente, donde recibieron asesoramiento.
“Aun a pesar del avance de la enfermedad", añade la Fiscalía, "el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida, Ángel Hernández intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento”.
En una fecha indeterminada de 2018, Carrasco, “que aun podía usar sus manos”, compró a través de Internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico, que "guardaron en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo”.
Mientras, la situación de la mujer de Hernández empeoró aún más “sufriendo intensos dolores, más allá de los que podía soportar”.
Solicitud "constante"
En agosto de 2018 la mujer entró en cuidados paliativos y desde ese momento sufrió múltiples ingresos hospitalarios. Las peticiones de Carrasco de poner fin a su vida dignamente fueron "constantes". "Hizo un testamento de últimas voluntades y manifestó de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea)”, precisa el escrito de acusación.
La última vez que Carrasco fue vista por un médico fue el 2 de abril de 2019 y en ese momento solo podía comunicarse con monosílabos, "pero comprendía lo que le decían y mantenía íntegramente sus facultades intelectivas y volitivas”.
En vista de la situación, e “incapaz ver poder seguir viendo sufrir a María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales y por las peticiones continuadas, serias, expresas e inequívocas de esta, Hernández decidió finalmente ayudar a María José a poner fin a su vida”.
La Fiscalía indica que, “consciente de que nadie más iba a ayudar a su mujer en el proceso de ingesta del pentobarbital sódico y que ella, por su estado, no podía hacerlo sola”, consensuó con aquella la forma en que la ayudaría a morir.
De este modo, sobre las 10:00 horas del día 3 de abril del 2019, “estando solos en su domicilio, Ángel, con la intención de cumplir el deseo de María José, que estaba inmovilizada en su cama, vertió el pentobarbital sódico que tenían en un vaso con una pajita y se lo acercó a la boca, siendo Carrasco la que lo ingirió con la pajita. A los 10 minutos el pentobarbital sódico provocó la muerte de María José por una intoxicación aguda que provocó una depresión respiratoria y neurológica en ella”.
Indulto
Acto seguido, Hernández llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido. Y esperó en el domicilio a la llegada de una dotación Cuerpo Nacional de Policía a los que le contó lo que había hecho. Hernández fue puesto a disposición judicial el día 4 de abril y allí, “no solo relató todo lo ocurrido, sino que además aportó toda la documentación y videos sobre los hechos que tenía en su poder. Documentos estos, que redujeron muy notablemente, las gestiones para el esclarecimiento de los hechos”.
La Fiscalía indica de forma expresa en su escrito de acusación que “para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria y se tramitase expediente de indulto, el Ministerio Fiscal, atendidas las circunstancias concurrente en el presente caso, emitirá informe favorable”.