La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez del caso Tándem, Manuel García-Castellón, que tome declaración como investigado a Mauricio Casals, miembro del Consejo de Administración de Atresmedia Corporación y presidente del diario La razón, para esclarecer si encargó al excomisario Villarejo, actualmente en prisión, espiar a los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset.
La orden al juez instructor es consecuencia de la reapertura de la pieza 18 del macroproceso Tándem, denominada Proyecto Brod, que García-Castellón archivó el pasado junio.
La Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional, en una resolución con ponencia del magistrado Carlos Fraile, ha estimado un recurso interpuesto por los Pérez Dolset -que la Fiscalía Anticorrupción impugnó- y ha dejado sin efecto el archivo de las diligencias.
Los magistrados han ordenado que la investigación continúe con la declaración de Casals en calidad de investigado "al ser esta la única persona respecto de la cual, por el momento, hay indicios de su posible participación en los hechos objeto de investigación”.
Proyecto Brod
El tribunal explica que la Policía encontró en la documentación intervenida en las diligencias de entrada y registro del domicilio de Villarejo un presunto encargo, realizado al excomisario por un desconocido, denominado como "K", quien, según se afirma, había sufrido una serie de ataques continuados de naturaleza económica, social, mediática y jurídica, llevados a cabo por los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, titulares de la mayoría del capital del grupo Lanetro ZED, en el que, entre otros, tenía una participación relevante el grupo Planeta.
Entre la documentación descubierta hay un estudio económico del Proyecto Brod, cuya primera fase, con un coste estimado de 275.000 euros, tenía por objeto la realización de acciones dirigidas a averiguar la intención contractual de los hermanos Pérez Dolset con respecto a K y a forzar que el resultado final beneficiase a los intereses de este último.
La segunda fase se dedicaba a la continuación de las investigaciones para determinar los riesgos de alteración de los acuerdos y se dejaba abierta la posibilidad de una ulterior fase de control y mantenimiento de la situación conseguida, con muestreos aleatorios de conducta de los hermanos Pérez Dolset y, con mayor intensidad, de los adversarios del sector que deseasen alterar el equilibrio contractual.
Los documentos contenían un detallado informe sobre la trayectoria profesional, patrimonio, intereses económicos e imagen pública de los hermanos Pérez Dolset, con especial referencia al grupo ZED y al litigio de doce años de duración que había sostenido dicho grupo con el banco Santander y que había concluido con un acuerdo extrajudicial.
El instructor archivó la pieza al considerarar que la vinculación del Proyecto Brod con Planeta "se sustenta en meras sospechas".
El juez se basó en un informe de la Unidad de Asuntos Internos según el cual no se ha localizado nueva documentación que permita identificar de forma indubitada al denominado K ni acreditar que el proyecto se llevara realmente a cabo.
Los Pérez Dolset recurrieron alegando que de la declaración prestada por Villarejo se desprendía que K sería Mauricio Casals, persona que, según los recurrentes, tenía un gran peso en el grupo Planeta. Destacaban que sólo este grupo editorial reúne las condiciones atribuidas a K, ya que tiene relaciones económicas con los hermanos Pérez Dolset en el curso de las cuales surgieron desavenencias "a consecuencia de los retrasos del grupo en el cumplimiento de sus obligaciones", lo que ha desembocado en diversos litigios.
Indicios
La Sala ha estimado parcialmente el recurso al considerar que de las diligencias practicadas "se desprenden indicios de la posible comisión de delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos".
La documentación pone de manifiesto, de manera provisional, "una posible comercialización por parte Villarejo, estando en situación de activo como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, de servicios que implicaban la utilización de medios e información a los que tenía acceso como tal funcionario, incluyendo entre esos datos reservados de particulares que no estaban siendo objeto de investigación oficial”.
Los magistrados recuerdan que el juez basó inicialmente el archivo en la falta de indicios suficientes para atribuir la autoría del delito de cohecho a las personas señaladas por los Pérez Dolset, aunque después, al desestimar el recurso de reforma, sostuvo que “hay elementos para atribuir a Mauricio Casals la autoría del encargo a Villarejo. Admitida la existencia de indicios de que hubo un encargo por parte de dicha persona a un funcionario público de servicios propios de su función, con fines particulares, no hay razón para no continuar con la investigación”.
Para la Sala, el hecho de que no mediasen pagos "no excluiría el delito de cohecho que pudo haberse cometido mediante dicho encargo y tampoco el de descubrimiento y revelación de secretos, que pudiera derivarse del acceso a datos restringidos o de su difusión, en el curso de la prestación, por incipiente que esta fuera, de esos servicios”.