Visto para sentencia el juicio contra Cifuentes, que reprocha al fiscal su "acusación arbitraria"

La fiscal Pilar Santos ha pedido este viernes a la Audiencia Provincial de Madrid que condene a tres años y tres meses de cárcel a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por inducir a la Universidad Rey Juan Carlos a falsificar el acta de evaluación del trabajo fin de máster (TFM), falsificación de la que "ella y su carrera política era la única, primera y última beneficiaria".

En el informe final expuesto en el juicio que ha quedado este viernes visto para sentencia, la fiscal dijo que Cifuentes "no se manchó las manos" pero "es evidente" que "le urgía imperiosamente que la Universidad le proporcionase una solución" después de que el 21 marzo de 2018 estallara la polémica de que le habrían regalado un máster en Derecho Autonómico sin haber cursado las asignaturas ni presentado el Trabajo de Fin de Máster (TFM). "Si toda la maquinaria se puso en marcha en la Universidad fue precisamente por estas presiones", dijo la representante del Ministerio Público.

La prueba principal de esas "presiones" que sostiene la acusación pública fue el número de llamadas que la asesora de la Consejería de Educación Teresa Feito, también en el banquillo, hizo ese mismo 21 de marzo de 2018 a la profesora Cecilia Rosado, que ha asumido haber falsificado el acta de TFM de Cristina Cifuentes.

"El número de llamadas de Feito es prueba suficiente de que se estaba exigiendo una solución", sostuvo Santos. "¿Gana algo Cecilia Rosado incriminando a Teresa Feito? ¿Acaso ve su pena reducida? No. Dice la verdad", manifestó la fiscal, que, sin embargo, a continuación solicitó la aplicación a Rosado de dos atenuantes para que el tribunal le baje la pena por haber confesado los hechos y por haber confeccionado el falso documento bajo una situación de "miedo insuperable". Ese temor derivaría de las consecuencias desfavorables que "para su carrera universitaria" habría tenido negarse a la petición del catedrático Enrique Álvarez Conde (ya fallecido) de falsificar el acta del TFM de Cifuentes.

"Nada de lo que manifiesta Cifuentes ha podido ser acreditado", ha indicado la fiscal, en una especie de inversión de la carga de la prueba, refiriéndose a la versión que desde el principio ha mantenido la expresidenta del Gobierno de Madrid de que hizo el TFM y se lo envió a Álvarez Conde. Ese trabajo nunca ha aparecido.

Pero Santos admitió que hay calificaciones de asignaturas del máster que "fueron introducidas [en el sistema informático de la Universidad] por personas con competencia para ello" y eso es un hecho "que nadie ha podido explicar" y que utilizan las defensas "para crear confusión".

Pese a ello, insistió en que Cifuentes tuvo que inducir la falsificación del acta porque ese documento fue el que le permitió hacer un video que subió a su cuenta de Twitter la noche del 21 de marzo asegurando que podía "probar con documentos" que había cursado el máster. "Tan pronto tuvo el acta y su expediente con las asignaturas cursadas procedió a exhibirlo. Utilizó un documento oficial que sabía que no respondía a la realidad y lo introdujo en el tráfico jurídico, lo dirigió a miles de ciudadanos, lo enseñó al mundo entero".

"Por supuesto que ella nunca llamó ni a Álvarez Conde ni al rector Javier Ramos ni a Cecilia Rosado. Las formas hay que mantenerlas, pero estaba al tanto", añadió la fiscal.

Presiones "implícitas"

"El interés de Cifuentes y la presión ejercida por su gabinete implícitamente en su nombre es lo único que explica coherentemente la forma de proceder de la Universidad", manifestó la fiscal, pese a que esas "presiones implícitas" no han aparecido en el juicio porque ni ella ni la acusación ejercida por la URJC han citado a declarar a la jefa del gabinete de Cifuentes, Marisa González.

"El documento se creó por las presiones ejercidas para que la Universidad, fuere como fuere, diese la cara y asegurase fehacientemente que Cifuentes había completado correctamente el máster". "Si no", concluyó, "les planteo: ¿qué creen que hubiese pasado, si bien por Presidencia, bien por Feito, se hubiera trasladado al rector que no era necesario enviar documentación alguna. ¿Creen que ese acta se hubiese confeccionado y hubiese sido remitida a la Consejería?". 

La respuesta se la dio poco después el defensor de Cristina Cifuentes, José Antonio Choclán. "Ese acta a quien beneficiaba no es a Cifuentes, que ya tenía el título del máster, sino a la Universidad, que tenía que salvar la cara por un asunto que afectaba a la presidenta y que por eso tenía resonancia pública", manifestó.

Choclán puso de manifiesto que, de acuerdo con las declaraciones testificales realizadas en el juicio, fueron el rector y el vicerrector Andrés Martínez los que, en la mañana del 21 de marzo, antes de la rueda de prensa que Javier Ramos ofreció, reclamaron a Álvarez Conde el acta del TFM. 

"Cuando el consejero de Educación [Rafael van Grieken, que no está acusado] empieza a interesarse por los documentos es después de que el rector los haya citado en la rueda de prensa", subrayó Choclán.

"Es razonable que, siendo presidenta de la Comunidad, que el hecho le afectaba y que sabía que tenía un título de máster, preocupara que esa documentación fuera cuanto antes obtenida y es el consejero, del que depende la URJC, el que se interesa autónomamente por una documentación que había anunciado que existía el propio rector. Luego la presión para falsificar es más atribuible a las incidencias internas y a las exigencias del rector y del vicerrector que a la posibilidad de una influencia exterior. Todo se cocinó en el seno de la universidad que hoy ejerce sorprendentemente la acusación", sostuvo el defensor.

Una acusación "selectiva"

Choclán pidió a la Sala que "ponga fin al calvario" que ha sufrido Cifuentes, en el banquillo por una "acusación puramente selectiva y arbitraria, no objetiva".

El letrado se refirió al hecho de que la misma Fiscalía que "pide una pena muy relevante" a la expresidenta del Gobierno madrileño apoyó durante la instrucción del archivo del proceso para alumnos y profesores que fueron investigados porque se les dio el título del máster sin haber presentado TFM y con actas igualmente falsificadas. "Los alumnos no son garantes de la actividad administrativa ni les corresponde velar por la regularidad del procedimiento en la obtención del máster", escribió entonces la fiscal, según ha recordado el defensor de Cifuentes.

"Sabias palabras", añadió el letrado. "Ciertamente, Cifuentes no es garante de la legalidad de la actuación administrativa y el Ministerio Fiscal debió comportarse del mismo modo que con los demás alumnos y concluir del mismo modo", añadió el defensor, que sostuvo que "la condición de política ha debido influir".

Subrayó que Rosado ha asumido ser "la autora material de la falsificación" y Álvarez Conde reconoció por escrito que lo hizo porque él se lo indicó. "Una vez que tenemos un inductor directo, las acusaciones debían haber aportado una prueba adicional de que se hizo nacer en Álvarez Conde la idea criminal por un tercero al margen de la Universidad. No se ha aportado ninguna", sostuvo.

"Universo" de falsificaciones

Para Choclán, no es sólo que no haya habido "prueba directa ni indirecta" de la "cadena de inducción" en la que se basa la tesis acusatoria (Cifuentes habría inducido a Feito y ésta a Álvarez Conde), sino que lo que se ha puesto de manifiesto durante el juicio es que en el seno del máster que dirigía el catedrático y coordinaba Rosado "se ha cometido es el mismo delito repetidas veces, se han falsificado las actas de TFM de otros alumnos, con la misma plantilla, suplantando las firmas de los mismos profesores".

La rúbrica de Rosado aparece en esas otras actas cuya falsedad ha acreditado la Guardia Civil, "aunque la fiscal no ha propuesto la ratificación de esa pericial", apuntó el defensor.

"Hay un universo de falsificaciones sin el concurso de Cifuentes ni de Feito. Que existan falsificaciones con el mismo modus operandi es un 'supercontraindicio' que demuestra una repetición del hecho delictivo incompatible con la inducción", afirmó.

Para la defensa, no se puede reprochar a Cifuentes que utilizara un documento que envió el propio rector de la URJC. "El documento falso lo pone en circulación el rector y ello creó una confianza legítima en Cifuentes en la autenticidad del acta de TFM. Por eso se atreve a sacar pecho, como dice la acusación. Tonta sería si sacara pecho de un documento que sabe falsificado. Lo usa porque bebe de una fuente fidedigna: el rector".

Cifuentes no quiso hacer uso de su derecho a la última palabra. Tampoco lo utilizaron las otras dos acusadas.