El fiscal de Sala Javier Zaragoza ha presentado su renuncia "irrevocable" al cargo de delegado de la fiscal general para la lucha contra el tráfico de drogas que le otorgó Dolores Delgado del pasado 15 de febrero, ante la fuerte contestación interna que esa actuación ha generado. La delegación realizada por Delgado ha sido, además, recurrida por la mayoritaria Asociación de Fiscales ante el Tribunal Supremo, tal como adelantó EL ESPAÑOL.
La delegación ha sido cuestionada no por la figura de Zaragoza, un fiscal de reconocido prestigio, sino por considerarse un "vaciamiento" del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, que reserva a un órgano específico -la Fiscalía Antidroga- competencias que Delgado atribuía 'a dedo' a Zaragoza.
No es sólo una cuestión jurídica. En la carrera son cada vez más generalizadas las críticas a Dolores Delgado por una política de nombramientos consistente en "colocar a sus amigos" en puestos de confianza vaciando simultáneamente de facultades a quienes no considera de su círculo.
En la carta de renuncia, que ya ha sido aceptada por Delgado, Javier Zaragoza afirma que cuando la fiscal general le propuso la delegación en el Campo de Gibraltar "la acepté en el convencimiento de que, lejos de generar polémica, podría ejercer con espíritu constructivo e integrador las tareas de refuerzo que me eran encomendadas, siempre con el exclusivo propósito de colaborar lealmente con los órganos del Ministerio Fiscal encargados de estas tareas y contribuir a mejorar la calidad de la respuesta legal frente al problema que representa el narcotráfico organizado en el Campo de Gibraltar".
El fiscal de Sala añade que, en una primera reunión que se celebró de forma telemática el 9 de marzo, con asistencia del fiscal jefe antidroga, José Ramón Noreña (rotundamente contrario a la delegación, que impugnó sin éxito), de la fiscal superior de Andalucía, de los fiscales delegados antidroga de Cádiz, Campo de Gibraltar, Huelva y Málaga y del fiscal jefe de área de Algeciras, "se llegó aparentemente a una situación de consenso en la que quedaba meridianamente claro que ese supuesto solapamiento de funciones respecto a la Fiscalía Especial Antidroga no iba a producirse".
"Hace escasos días", añade, "he conocido que la Asociación de Fiscales ha anunciado su intención de recurrir el decreto [de delegación firmado por Dolores Delgado] ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es evidente que llevar a los tribunales mi nombramiento, con el inconveniente añadido de colocar bajo el foco no solo la estructura y funcionamiento interno del Ministerio Público, sino también, en lo que a mí concierne, una trayectoria profesional de 40 años al servicio del Ministerio Fiscal en responsabilidades especialmente relevantes, no es el mejor escenario para poder desempeñar con eficacia el cometido que me ha sido encomendado".
"Creo sinceramente que, en estas circunstancias, con un nombramiento cuestionado internamente y recurrido ante los tribunales, cumplir con tan dignísima función se nos antoja una tarea especialmente complicada", concluye.
A su juicio, "la polémica generada puede repercutir negativamente y hacer ineficaz el ejercicio de una función que solo puede ser abordada desde la más estricta y leal colaboración entre los diversos órganos del Ministerio Fiscal implicados en la resolución del problema detectado en el Campo de Gibraltar, lo que inevitablemente requiere un trabajo en equipo y la conjunción de esfuerzos".
"En definitiva", finaliza, "me encuentro ante una situación que puede provocar un daño institucional irreparable para la imagen y la credibilidad del Ministerio Fiscal, que por responsabilidad y por lealtad a la institución no puedo ni debo asumir".