Dolores Delgado afronta nuevos nombramientos de cargos en la Fiscalía bajo críticas de "sectarismo"

El criterio del Consejo, del que forman parte cinco vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y cuatro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), no es vinculante para la fiscal general, Dolores Delgado, que hasta ahora ha privilegiado a la asociación minoritaria (en torno a 225 miembros) frente a la mayoritaria (550).

Todas las plazas de fiscal de Sala cubiertas por Delgado en los 14 meses que lleva como fiscal general tras ser ministra de Justicia han favorecido a los candidatos de la UPF, a la que ella misma ha pertenecido y cuyos posicionamientos suelen ser favorables precisamente al Gobierno socialista.

Delgado ha promovido a la primera categoría a dos expresidentes de la UPF (Álvaro García y Eduardo Esteban) y a personas de su confianza personal, como Esmeralda Rasillo. Esta política le ha valido las críticas de la AF, que considera que Dolores Delgado posterga los méritos en beneficio de preferencias ideológicas y de relación personal. La asociación mayoritaria ya ha interpuesto dos recursos, uno en el Tribunal Superior de Madrid y otro en el Tribunal Supremo, contra nombramientos de la fiscal general.

Con estos antecedentes, la cobertura de las plazas que se decidirá hoy es percibida como un test a Delgado. "Ni siquiera Cándido Conde-Pumpido, cuya dimisión se llegó a solicitar por sectarismo en los nombramientos, llegó a tanto", recuerdan en la carrera. Conde-Pumpido nombró a 22 fiscales de Sala en siete años y medio, 10 de los cuales fueron de la UPF y siete no asociados. Pero también designó a cinco de la AF, entre ellos a Consuelo Madrigal, que años después le sucedería al frente de la Fiscalía General.

En la carrera se da por seguro que Delgado ascenderá y nombrará fiscal de Sala para la lucha contra la Violencia sobre la Mujer a Teresa Peramato, actual presidenta de la UPF. Delgado pidió a Pilar Martín Nájera, que ocupaba ese cargo, que solicitara un traslado a la Fiscalía del Tribunal Supremo con el fin de dejarlo libre.

A Almudena Lastra, actual teniente fiscal de la Inspección, se le ha hecho saber que no será nombrada inspectora jefa, a lo que ella aspiraba. Fuentes de la carrera indican que Delgado ha reservado el cargo para Antonia Sanz, destinada en la secretaría técnica y sin experiencia alguna en la Inspección. En su petición de la plaza, Sanz ha hecho constar que se ha dado de baja de la UPF, a la que ha pertenecido hasta ahora.

Lastra ha pedido la jefatura de la Fiscalía Superior de Madrid, para la que pretendía ser reelegido Jesús Caballero. A la vista de la alta posibilidad de no ser renovado, Caballero ha solicitado una vacante de segunda categoría en la Fiscalía del Tribunal Constitucional. 

La tercera plaza de fiscal de Sala que se dirime es la del TC, pero aquí la controversia es menor porque uno de los peticionarios, Pedro Crespo, actual fiscal de Sala jefe en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tiene una solvencia profesional y un prestigio dentro y fuera de la carrera más allá de toda duda.

Los otros dos puestos de fiscal de Sala (en la Sala Penal del Tribunal Supremo y en el Tribunal de Cuentas) sólo tienen un peticionario, por lo que se espera la reelección sin problema de Fidel Cadena y Miguel Ángel Torres.

En el contexto del favorecimiento a la UPF, hay expectación por conocer la decisión de Delgado respecto a las plazas de fiscales superiores de Cantabria y Castilla-La Mancha. Para la primera concurre Pilar Jiménez Bados, de la AF, que se presenta a un segundo mandato y es de las pocas mujeres que han alcanzado el puesto de fiscal superior. El otro candidato es Jesús Arteaga, mucho más moderno en el escalafón y sin ninguna experiencia de jefatura, pero es miembro del actual secretariado de la UPF.

Para la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha compiten el actual teniente fiscal, Francisco Sánchez Melgarejo, y Emilio Fernández, expresidente de la UPF y con una estrecha relación con Delgado.