Norman Foster se desvincula del contrato del Campus de la Justicia ya que se dedicó a diseñar

El arquitecto británico Norman Foster se ha desvinculado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de los pormenores del contrato firmado por la sociedad Foster&Partners con la Comunidad de Madrid para la construcción de dos de los 14 edificios que iban a constituir el frustrado Campus de la Justicia, en el parque de Valdebebas de la capital.

Foster, que ha declarado como testigo por videoconferencia desde Suiza, ha manifestado que él se dedicó al diseño mientras que la gestión del contrato la llevó un empleado del estudio de arquitectura, Juan Vieira.

Pedraz ha podido por fin interrogar a Foster, premio Pritzker en 1999 y premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009, sobre su contratación en 2006 por el Gobierno de Esperanza Aguirre. La Audiencia Nacional lleva más de un año intentando tomar declaración al arquitecto y, de hecho, el procedimiento pasó a la fase de preparación del juicio oral teniendo pendiente la realización de esta diligencia.

El arquitecto ha señalado que la primera toma de contacto fue hecha por el exconsejero de Justicia Alfredo Prada, que le visitó en Londres, aunque también trató del proyecto con la propia Aguirre, han informado fuentes jurídicas.

El 12 de abril de 2006 su estudio presentó una oferta económica y cinco días después Foster se desplazó a Madrid para participar en un acto durante el que firmó un protocolo con Aguirre y Prada. Fue, ha manifestado, un "acta de entendimiento" que tuvo un "carácter simbólico".

El contrato se firmó al día siguiente entre Prada y un representante de Foster&Partners, pero él no intervino, según ha declarado.

La Audiencia Nacional investiga desde marzo de 2018 presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid.

Entre los contratos investigados se encuentran algunos de los relativos a los dos edificios que diseñó Foster. Eran los inmuebles destinados a ser sedes del Tribunal Superior de Madrid y de la Audiencia Provincial. "Sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros", afirmó el juez José de la Mata, primer instructor de las diligencias.

Contrato de 13 millones

El proyecto de construcción de esos dos edificios se presupuestó en 179,6 millones de euros sobre los que se calcularon los honorarios de Foster&Partners: 11,6 millones de euros, a los que se añadiría en concepto de gastos un 15% sobre el montante total de honorarios. El importe global del contrato con Foster&Partners ascendía, por tanto, a 13.317.653 euros incluyendo gastos.

La Comunidad de Madrid y el estudio de arquitectura firmaron de común acuerdo la suspensión del contrato el 2 de marzo del 2009, cuando el importe total facturado por Foster&Partners ascendía a 10,6 millones por los trabajos ya realizados.

No obstante, el dinero percibido por la firma de arquitectos fue finalmente superior. En el memorando suscrito se establecía que, en caso de rescisión del contrato, Foster podría cobrar el 10% del montante que restara por facturar en ese momento "para reflejar la proporción de los servicios parciales ejecutados".

En una resolución dictada el pasado 12 de noviembre, el juez instructor vio motivos para sentar en el banquillo al exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, junto a otras cinco personas: Isabelino Baños, Mariano Sanz, Alicio de las Heras y Andrés Gómez Gordo, que fueron, respectivamente, director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de seguridad del Campus de la Justicia, con el asesoramiento de Félix José García de Castro.

Perjuicio de "cientos de millones"

Según el instructor, Prada y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de Campus de la Justicia de Madrid (...), menoscabando los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.

El juez deja claro que "no sustrajeron para su lucro personal el dinero de la Administración en perjuicio del patrimonio público" sino que, por los procedimientos de adjudicación utilizados, el funcionamiento de una entidad pública como fue el Campus de la Justicia "resultó deteriorado, dañado y menoscabado tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial, hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros".