La Fiscalía pide a la jueza que desbloquee el pago del préstamo de 34 millones de euros a Plus Ultra

La Fiscalía de Madrid ha pedido a la jueza de instrucción Esperanza Collazo, que investiga denuncias por una supuesta malversación de fondos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que desbloquee el segundo pago previsto en el plan de viabilidad de la empresa aprobado por el consejo gestor del Fondo de Apoyo de la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un préstamo participativo de 34 millones de euros, el segundo y último pago previsto tras un primer abono de 19 millones de euros, también en forma de préstamo.

En un informe presentado a la instructora, la fiscal considera que "procede desbloquear la ayuda pública" a la compañía Plus Ultra en lo relativo al pago de los 34 millones de euros, que estaba previsto para el pasado día 28.

Para la fiscal, se puede levantar la suspensión del pago acordada cautelarmente el pasado día 22 porque "existen mecanismos importantes de control".

"La disposición de fondos públicos se ha realizado a cargo del FASEE, que es un fondo sin personalidad jurídica y sujeto a la fiscalización de la Intervención General de la Administración del Estado", recuerda.

La gestión económica de ese Fondo a través del consejo gestor, integrado por la presidenta y varios miembros del consejo de administración de la SEPI, es fiscalizada anualmente "y se podrá comprobar cualquier irregularidad en relación con la concesión de las ayudas", añade.

Informe de la Intervención

La Fiscalía da importancia al hecho de que el pasado día 5 la Intervención General de la Administración del Estado emitió un informe en el que concluye que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra no supone un quebranto patrimonial para el Fondo.

"Existen, asimismo, garantías adicionales para la restitución de los préstamos
debidamente pormenorizadas en el plan de viabilidad aportado por la compañía", señala el Ministerio Público.

Así, el préstamo participativo cuya entrega se propugna por la fiscal prevé una amortización a 7 años, con posibilidad de una amortización anticipada en el caso de venta de activos, indemnizaciones por seguros y excedentes de caja respecto a los previstos en el plan de viabilidad.

También hay supuestos de vencimiento anticipado de la financiación en caso de incumplimientos de las condiciones impuestas o del plan de viabilidad.

Por otro lado, "en el supuesto hipotético de imposibilidad de atender a la amortización ordinaria o anticipada de los préstamos, el Fondo se reserva el derecho, no la obligación, de transformar tales deudas impagadas en capital social del beneficiario".

Estas garantías se complementan mediante un contrato de prenda sobre acciones equivalentes a la mayoría del capital social del beneficiario.

"En resumen: en el propio contrato de otorgamiento de las ayudas se
establecen una serie de garantías que se estiman adecuadas y suficientes para
el adecuado cumplimiento de los objetivos de las mismas y preservación de los
fondos públicos", señala.

Sin indicios

El informe de la fiscal descarta que haya "apariencia de buen derecho" en las acciones penales ejercitadas contra Plus Ultra, esto es, que la imputación de hechos delictivos sea verosímil.

"No está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicada la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna". No obstante, la fiscal no cita el delito de malversación, que es por el que inicialmente se abrieron las diligencias por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

La fiscal añade que la "necesidad" del desembolso del préstamo participativo de 34 millones de euros se deduce del plan de viabilidad aportado al expediente administrativo "y debidamente examinado por los asesores independientes, tanto jurídico como financiero".

"En dichos informes se concluye que la ayuda pública es imprescindible para el mantenimiento de la compañía", abunda.

Cita, a este respecto, un informe del asesor financiero DC Advisory que concluye que, si no hay apoyo estatal, Plus Ultra "no podría atender sus obligaciones operativas y retornar a la actividad, teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento".

El dictamen cuantifica en 400 los empleos directos que se perderían por el cese de la actividad de la aerolínea, que se elevan a 2.700 empleos indirectos. El impacto económico sería de 365 millones de euros en términos de facturación.

Para la fiscal también es relevante que, del total de los cerca de 50 millones de euros de pasivo del balance de Plus Ultra, los clientes, por el pago anticipado de billetes de avión, y los acreedores comerciales, suponen un 80% por lo que una eventual situación de iliquidez de la compañía dejaría a dichos colectivos como principales perjudicados.

Recuerda, finalmente, que el Tribunal de Cuentas no ha visto motivos para abrir una investigación por supuestas irregularidades contables en el rescate estatal de Plus Ultra.