La jueza que instruye el caso Plus Ultra ha acordado celebrar un careo entre los peritos independientes autores de un informe remitido al Juzgado el pasado octubre y los firmantes de los dictámenes elaborados por Deloitte y DC Advisory, antes de decidir sobre la petición de archivo de las diligencias formulada por la Fiscalía.
La instructora, Esperanza Collazo, investiga desde el pasado abril si el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Bartolomé Lora, y los miembros del consejo de administración de la SEPI incurrieron en un presunto delito de malversación de fondos públicos al respaldar la operación de rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, a la que se concedió una ayuda de 53 millones de euros procedentes del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
Collazo encargó el pasado 14 de junio un peritaje independiente -elaborado por el despacho Martín Molina- sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para el otorgamiento de las ayudas previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, que estableció el funcionamiento del citado fondo.
El perito concluyó que existen "dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial" de Plus Ultra a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, "sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública".
Explicaba que "Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio 'espectro' de alguna de las mismas (...) excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a la fecha de 31 de diciembre de 2019".
Tanto Deloitte como DC Advisory, sin embargo, entregaron a la SEPI informes previos a la concesión de la ayuda en los que aseguraban que se cumplían todos los requisitos.
Ante ello, la instructora ha acordado convocar a todos los expertos a un careo que se celebrará el 18 de enero próximo. "Hasta tanto no se celebre la diligencia acordada", añade, "quedan en suspenso" tanto la petición de la Abogacía del Estado para que la jueza determine qué personas son investigadas y las solicitudes en las que el Ministerio Fiscal ha insistido en el cierre de las diligencias por inexistencia de indicios de delito.
Para la Fiscalía, el informe del perito independiente "no certifica el incumplimiento de ninguno de los requisitos exigidos para poder recibir las ayudas de la SEPI".