La asociación mayoritaria de fiscales pide que Dolores Delgado dimita por su "sectaria actuación"

La Asociación de Fiscales ha "exigido" este sábado en Zaragoza la "inmediata dimisión" de Dolores Delgado como fiscal general "por carecer de idoneidad por su directa  procedencia de la política y por sus conflictos de intereses".

La AF, de representación mayoritaria en la carrera fiscal, ha aprobado unas conclusiones muy críticas respecto a Delgado en el XXIII congreso de la asociación, a la que pertenecen 600 fiscales.

"Las erráticas y sectarias actuaciones y decisiones de Dolores Delgado han causado ya un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal. Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen nuestra institución", considera la AF, que ha reelegido a Cristina Dexeus como presidenta.

A su juicio, es necesario que el cargo de fiscal general no recaiga en personas procedentes de la política, así como que el procedimiento de nombramiento y remoción del máximo responsable del Ministerio Publico "garantice su independencia frente al Gobierno". Delgado accedió al cargo inmediatamente después de ser ministra de Justicia del Gobierno que la nombró y diputada del PSOE.

La Asociación de Fiscales ha señalado que la fiscal general "tiene la obligación legal de abstenerse en todos aquellos asuntos en los que tenga algún tipo de ínteres personal, familiar o que afecten a políticos, abarcando la imposibilidad de recabar información en aquellos en los que no deba intervenir".

Asimismo, "ante la gravedad de la situación actual del sistema de Justicia, sometido a una feroz estrategia de deslegitimación, y ante la evidente crisis de credibilidad y la irrelevancia institucional de la fiscal general del Estado, la Asociación de Fiscales reclama un nuevo Estatuto Orgánico que refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal, imprescindible para asumir la investigación [de los delitos] con garantías".

"Eliminar la tutela ministerial"

En este sentido, la AF considera que el Ministerio Público debería asumir la potestad reglamentaria para regular su organización, gestión presupuestaria y formación, "eliminando la tutela ministerial".

La AF reclama un "reforzamiento de las funciones del Consejo Fiscal y que "se vuelva a una política de nombramientos motivada en los principios de mérito y capacidad, abandonando la arbitrariedad que impera en los nombramientos de la fiscal general".

También exige un aumento y adecuación de la plantilla, el establecimiento de cargas máximas de trabajo, un plan de prevención de riesgos laborales propio y la revisión de retribuciones, productividad y dietas. Cree imprescindible un estudio de las categorías profesionales de los fiscales, con la eliminación de la figura del fiscal en expectativa de destino .