Ignacio González pide la nulidad del caso Lezo por ser un "burdo montaje" de José Manuel Villarejo

Así lo afirma en el escrito de defensa que ha presentado este jueves en la pieza 3 de una causa que le llevó a la cárcel durante casi siete meses desde el 19 de abril de 2017, cuando fue detenido.

La pieza 3 se refiere a la adjudicación a OHL del tren de Móstoles a Navalcarnero, una obra presupuestada inicialmente en 363,2 millones de euros y que no se llegó a terminar. La Fiscalía Anticorrupción pide para González cuatro años de prisión por haber influido, supuestamente, en la empresa pública adjudicataria, Mintra, a cambio de una comisión ilícita de 1,8 millones que se habría repartido con Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II.

La Fiscalía admite que "al día de la fecha no ha sido posible conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este Ildefonso de Miguel e Ignacio González". El dinero se habría hecho llegar al primero desde una cuenta en Suiza de la sociedad Lauryn, perteneciente a Adrián de la Joya. Éste recibió una transferencia desde OHL-México por orden de Javier López Madrid.

Comienzo "ilícito"

El caso Lezo comenzó a tramitarse en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 13 de julio de 2016.

La querella se basa en una investigación preprocesal secreta de Anticorrupción solicitada el 14 de octubre de 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La UCO comunicó a la Fiscalía los datos proporcionados por una "fuente anónima" sobre la existencia de una cuenta en Suiza de Lauryn Group en la que se habría ingresado una comisión de 1,4 millones destinada a Ignacio González. Los agentes facilitaban el 'pantallazo' de un papel de origen desconocido en el que figuraba una cuenta corriente. 

Esos datos se enviaron a Suiza para recabar más información, pero las autoridades helvéticas respondieron el 18 de marzo de 2016 que el código de la cuenta era erróneo.

Entonces la UCO dirigió a Anticorrupción el 5 de abril de 2016 un segundo oficio con otro IBAN bancario de la cuenta de Lauryn Group proporcionado por otra "fuente anónima". Llamativamente, casi un mes antes, el 7 de marzo, las fiscales entonces encargadas del caso, Carmen García Cerdá y Concepción Nicolás, ya se habían dirigido a Suiza con una "petición complementaria" de información en la que aportaban los datos que formalmente no les remitiría la UCO hasta el 5 de abril.

"Es evidente que ese número de IBAN se lo indicó a Fiscalía alguna persona de forma extraoficial", sostiene la defensa de González, "y aún más sorprendente es que, después, el mismo documento de Fiscalía [dirigido a Suiza] figura, ya firmado, pero con una fecha posterior al oficio de la UCO".

El escrito de defensa sostiene que la causa "parte de las informaciones ofrecidas al teniente de la UCO R1... -u otros agentes desconocidos- por una fuente anónima, que carecen de corroboración alguna, que pretenden sustentarse en documentos de origen desconocido pero que claramente vulneran el derecho a la intimidad de terceros y se basan en meros 'pantallazos'" que la doctrina del Supremo ha descartado como fuente de prueba dada su fácil manipulación.

La defensa asegura que detrás del 'pantallazo' y, por tanto, del comienzo del caso Lezo está Villarejo. 

Anotaciones

Lo deduce de las anotaciones aparecidas en las agendas de Villarejo intervenidas en el marco del caso Tándem, "anotaciones coincidentes con la información que fue trasladada a la UCO en octubre de 2015".

El escrito de defensa refleja notas de Villarejo que empiezan el 18 de febrero de 2013 (“según Asturiano, hay que dar caña a IG. Quedo en esperar el OK del ministro”) hasta el 19 de noviembre de 2014: “Agap – Luz verde para ir a muerte contra IG. Está decidido a todo”.

"Además de estas reveladoras anotaciones", añade, "en la agenda del excomisario existe un post-it (con la anotación de la fecha 9 de abril de 2015) en el que figuran los mismos datos que, unos meses después, entrega la supuesta fuente anónima a la UCO".

"Resulta muy revelador (a los fines de comprender la manipulación que vicia el origen de la causa) que Villarejo anotase en sus agendas que recibe un encargo para hundir a mi mandante y que en abril de 2015 estuviera manejando el mismo número de una cuenta en Suiza y la misma referencia a la cuantía de 1,4 millones de euros que, unos meses después, una fuente anónima traslada a la UCO para denunciar una supuesta comisión por ese importe supuestamente ingresada en esa cuenta en Suiza", indica la defensa.

Defiende, así, el "origen ilícito" del caso Lezo, "por provenir la supuesta noticia criminis de un burdo montaje del excomisario Villarejo, que por encargo aportó unas informaciones falsas y creadas ad hoc para montar una operación policial y judicial contra Ignacio González sin el más mínimo contraste objetivo y aprovechándose de su condición de policía y su ascendencia sobre los agentes de la UCO"

La defensa, que también pide la nulidad de la investigación por haber sido sometido a una vigilancia electrónica indiscriminada con micrófonos en su coche y en su despacho, afirma que González "no ha participado en actividad delictiva alguna, ni tuvo participación en la adjudicación de la obra pública del tren de Navalcarnero, ni solicitó o recibió dádiva, ni influyó en la aprobación de ese proyecto, ni conoció sus detalles. Toda la acusación es rotundamente falsa y carece de indicio alguno en que sustentarse".