El abogado Jesús Santos, defensor del PP en el juicio sobre la trama Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid), ha negado que el partido se lucrara por la celebración de actos electorales presuntamente pagados por la red delictiva, ya que "ni conoció ni consintió" esos eventos. De existir, ha dicho, "serían actos o servicios realizados a escondidas o al margen del partido" y que sólo habrían beneficiado a los cargos municipales que se sientan en el banquillo, no a la formación política.
El PP trata de evitar su tercera condena como partícipe a título lucrativo por la actividad de la trama Gürtel, tras haber sido sentenciado en la pieza principal del caso y el pasado 28 de octubre en la referida a la reforma de la sede de Génova, si bien este fallo se encuentra pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.
La Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional ha declarado este martes visto para sentencia un juicio que comenzó el pasado 16 de noviembre. Ninguno de los acusados principales ha ejercido su derecho a la última palabra y ni siquiera se encontraban en el banquillo.
En este proceso se dirime si la trama Gürtel en Boadilla, que pivotaba sobre el empresario Francisco Correa, el exalcalde Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales, exconsejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo, adjudicó hasta 2009 de forma irregular millonarios contratos de servicios y obras a cambio de comisiones y si, de paso, sus miembros se apoderaron directamente de fondos de las entidades públicas de esa localidad madrileña, una de las más ricas de España.
Según la Fiscalía Anticorrupción, una pequeña parte de esos fondos -en concreto, 204.198 euros- habría sido desviada por las empresas de Correa para el pago de gastos electorales del PP de Boadilla en las campañas municipales de 2003 y 2007.
"Ni conoció ni consintió"
El defensor del PP ha comenzado recordando en su informe final que una condena como partícipe a título lucrativo "presupone la buena fe y la inocencia" del afectado, que ignora la procedencia ilícita de los fondos que le beneficiaron porque, de otra forma, su condena sería como autor del delito, cómplice o encubridor.
Jesús Santos ha sostenido que el PP no puede ser condenado porque "el partícipe debe conocer el enriquecimiento que se le atribuye" y el PP "desconocía los presuntos gastos cuyo beneficio se le que atribuye, que vendría derivado de servicios y actos que ni conoció ni consintió", actos que "debieron ser conocidos por miembros del grupo municipal en el Ayuntamiento de Boadilla, que no del partido".
"No es sólo que fueran desconocidos por completo por el PP", ha añadido. "Es que, además, son actos que, si se celebraron, se llevaron a cabo en contra de la voluntad del PP. El PP no quería hacerlos porque, de lo contrario, los hubiera planificado en las campañas".
Santos argumentó a este respecto que, tal como declaró ante el tribunal el auditor interno del PP, esta formación tuvo en las campañas municipales 2003 y 2007 un "amplio margen de presupuesto" y un techo de gasto "al que no se llegó".
"Si hubiera querido añadir actos, hubiera tenido un amplio colchón", dijo el letrado, dando a entender que no necesitaba financiación opaca de la trama Gürtel.
Más aún, Santos manifestó que "el coste para el PP de esas elecciones fue cero. La actividad electoral está subvencionada por el Estado y el PP recuperó todo lo gastado y podría haber gastado mucho más. Ningún ahorro obtuvo por los pagos que, según las acusaciones, se hicieron por los acusados para las campañas. ¿Cómo se puede decir que hay enriquecimiento ilícito?".
El abogado, que distinguió entre grupo municipal y partido, indicó que, de ser cierto que la trama Gürtel pagó actos electorales, se trataría de gastos decididos por personas "que carecían de poder para comprometer al partido" y que "no tendrían intención de lucrar a PP, sino de beneficiarse a sí mismos, generar un enriquecimiento estrictamente personal".
También se apoyó en las declaraciones de algunos de los acusados que sí han reconocido otros hechos delictivos, pero negaron el desvío de fondos para las campañas. Alfonso Bosch dijo que "no tengo ni idea de que se haya derivado dinero al PP, no tengo constancia de que se haya pagado". El propio Correa puso en cuestión los pagos: "No puedo afirmar que esos gastos sean para campaña. Es posible que [en la contabilidad B] pusiera campañas y al final fuera dinero destinado al alcalde González Panero. Yo solía hacer esas cosas. Le decía [al contable] 'pon eso ahí' y luego era otra cosa. A lo mejor era un dinero que me quedaba yo y ponía campaña".
Prescripción
Santos también planteó un obstáculo procesal que impediría condenar a la formación de Pablo Casado. A su juicio, dado que se trata de una responsabilidad civil por delito, el plazo de prescripción para ejercer la acción contra el partícipe a título lucrativo es de un año.
El plazo comenzó a correr tras iniciarse la causa penal, en febrero de 2008, y se interrumpió su cómputo cuando se dictó la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, en mayo de 2016, esto es, ocho años y medio después.
Para el letrado, el plazo de prescripción también se habría superado si se considerase que se trata de una responsabilidad por una acción personal, no por delito, ya que en ese supuesto el período de prescripción se eleva a cinco años.
El defensor finalizó con una encendida defensa del partido. "Aquí hay 16 acusados que han reconocido la realidad delictiva y el beneficio personal que obtuvieron, y ese censurable comportamiento no puede empañar la actividad de cientos, miles de afiliados, militantes y representantes del PP que desarrollan su actividad de servicio público en unos momentos en que la ejemplaridad es algo que la sociedad reclama hondamente".
Santos sostuvo que el PP, "ante la avalancha de comportamientos execrables de algunos que defraudaron la confianza que se depositó en ellos para desempeñar determinados cargos", reaccionó "con los medios existentes" en aquella época: primero suspendió de militancia y luego dio de baja a los encausados, y a partir de 2015 implantó un modelo de prevención de delitos.
"Esa actuación reprochable y censurable de los acusados no puede empañar la actividad permanente de servicio público que desempeñan día a día miles de afiliados
y representantes públicos del PP", ha concluido.