Unas 5.000 reclamaciones por el estado de alarma inconstitucional amenazan con colapsar el Supremo

Se trata de una cifra de demandas que puede 'enterrar' a la Sala del Tribunal Supremo que controla a la Administración y de cuyas dimensiones da idea el hecho de que esa Sala comenzó el año 2021 con 7.776 asuntos pendientes. Es decir, va a recibir un 64% más sólo de recursos directos contra los actos del Ejecutivo durante la pandemia.

La alarma que esta situación causa en el alto tribunal es aún mayor por otras dos circunstancias. La primera es que, debido a la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos discrecionales por estar en prórroga de mandato, la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuenta en estos momentos con seis magistrados menos de los que debería tener y en tres meses perderá a otros dos magistrados que se jubilan.

La segunda es que, según los datos de la Sala, ya hay registradas cien demandas de responsabilidad patrimonial relacionadas con el primer estado de alarma que impugnan la desestimación presunta de la reclamación administrativa previa. El tribunal teme que el Ministerio de Hacienda opte por esta vía del silencio negativo en un número considerable de los asuntos que van a llegar en los próximos meses, lo que representaría una complicación añadida para la Sala al tener que partir de cero, sin resolución expresa que permita conocer las razones de la denegación y sin expediente administrativo. Un tribunal de casación actuando como órgano de primera instancia.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado, no obstante, a este respecto que "la intención es responder a las reclamaciones".

Situación "grave"

"Queremos estar preparados para cuando llegue la avalancha porque la situación es grave", afirman fuentes de la Sala. Su presidente, César Tolosa, ha obtenido este lunes el plácet de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para reorganizar las secciones y para pedir medios adicionales al Ministerio de Justicia.

En cuanto a lo primero, tras las inminentes jubilaciones de Rafael Fernández Valverde en marzo y de Segundo Menéndez en abril la Sala contará sólo con 25 miembros, lo que representa el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener, como mínimo, cinco magistrados.

La Sala de Gobierno ha aprobado reforzar las dos secciones que, tras esas jubilaciones, quedarán con sólo cuatro integrantes (la segunda y la quinta) con un magistrado cada una. Saldrán de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la tercera y la cuarta).

Para afrontar los recursos directos relacionados con el estado de alarma se va a solicitar al Ministerio de Justicia la dotación de una nueva secretaría completa y la creación de, al menos, tres plazas de letrados coordinadores en el gabinete técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Reforma legal

Además, para mitigar la extraordinaria carga de trabajo de la Sala se va a proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo.

La modificación se centra en el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los Juzgados o Tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos de casación pendientes ante el Tribunal Supremo y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto.

La finalidad sería evitar que los Juzgados y Tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro adopte el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica.

Un segundo aspecto de la reforma propuesta, que se va a plantear al Ministerio de Justicia a través del CGPJ, afecta a la labor de la sección de admisión de recursos regulada en el artículo 94 de la citada ley. Se trataría de que, cuando la sección detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.

La Sala de Gobierno entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados 'procedimientos testigos’, que permitiría dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y evitaría que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos colapse el Tribunal Supremo.