Los secretarios judiciales ven insuficiente la subida salarial del 5% y no descartan movilizaciones

Tras la huelga del pasado día 26, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) insisten: la subida de sus sueldos que aprobará este martes el Gobierno es insuficiente. 

El Ministerio de Justicia prevé aprobar un incremento salarial de 195 euros al mes, ya acordado con los sindicatos en la mesa sectorial. Es decir, un total de 2.430 euros más al año. O lo que es lo mismo, una subida del 5,26% de sus retribuciones, a la que hay que sumar el 2% de incremento de sueldo a todo el funcionariado.

Sin embargo, esta medida no convence del todo a este Cuerpo Superior, el de los anteriormente llamados secretarios judiciales. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), convocante de los parones de la pasada semana, exige una reunión con la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la primera semana de febrero con todas las asociaciones de LAJ. De lo contrario, ya anuncian en un comunicado que no descartan nuevas "medidas de conflicto colectivo".

El motivo del conflicto es la adaptación de la Nueva Oficina Judicial. Una nueva oficina que ya no es tan nueva: la ley que la reforma se aprobó en 2009 y, a juicio de la UPSJ, supone una "notable" ampliación de las competencias de los letrados de la Administración de Justicia, que pasaban a asumir algunas funciones anteriormente atribuidas a los jueces. Es por ello que desde la UPSJ tachan de "desequilibrado" e insuficiente incremento salarial de 195 euros mensuales. 

"Lo que se reclama no es una subida de sueldo, sino que se reequilibre y se corrija el grave desajuste entre el salario y las funciones y responsabilidades asumidas durante más de una década", reza un comunicado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.

Actualmente, entre las labores de los otrora secretarios judiciales se encuentran la fe pública judicial —es decir, dejar constancia de que se han realizado determinados actos procesales—, la gestión de cierta documentación y archivo, informar a las partes sobre el estado de las actuaciones, las tasaciones de costas o determinadas labores de jurisdicción voluntaria. Tras la promulgación de la ley de 2009, la UPSJ cifra en 600 las tareas, mayoritariamente de tramitación, asignadas ahora a los LAJ: "Y sin contraprestación alguna", enfatizan.

El Colegio Nacional de LAJ

Por su parte, el mayoritario Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNAJ) mantiene su postura abierta a la "negociación" con Justicia para mejorar las condiciones de los secretarios judiciales tras haber rechazado la huelga "unilateral".

No obstante, en un comunicado, reiteran que el acuerdo alcanzado entre el ministerio  y los sindicatos "no es de adecuación salarial" y "ofende la dignidad" de los funcionarios de este Cuerpo Superior. Y critican que el incremento no cumple lo dispuesto en la Disposición Adicional 157 de los Presupuestos de 2021, que contempla la "adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas".

En su escrito, el CNAJ también se queja de que las "funciones y responsabilidades [de los letrados] se valoren en 10 euros por encima de los gestores", en relación a que al cuerpo inferior al de los LAJ se le incrementa el salario en 185 euros, frente a los 195 con los que incrementarán ahora sus sueldos los secretarios judiciales.

Huelga de LAJ en Logroño. Europa Press

Asimismo, el Colegio, además, no descarta "acudir a los tribunales si no se agilizan los mecanismos necesarios para pagar del modo más rápido posible" ni "cualquier otra acción de expresión de indignación y presión laboral que se vea oportuna".

Por su parte, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) sí muestra una voz discordante, considerando adecuado el incremento de 195 euros "por responsabilidad social y dada la situación que vivimos". Lo ven "un buen punto de partida" abierto a mejoras en el futuro.

Así lo constata Raúl Asensio, secretario de Organización de SISEJ, quien considera necesario abordar —más allá del componente económico— cuestiones como las competencias de los LAJ, el plan Justicia 2030 del Ministerio o el posible incremento de las partidas de productividad para los letrados. Como asociación, el sindicato también descartó el parón "unilateral".

Negociación propia

Otra de las exigencias de la pasada huelga —a la que sí se adhirió la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)— es la reforma legislativa para que los LAJ tengan derecho a una negociación propia. Es decir, que con quien se siente el Ministerio de Justicia sea con las asociaciones propias de estos funcionarios.

Sin embargo, fuentes del departamento que encabeza Pilar Llop reiteran que esta pretensión es "imposible de cumplir". "El ámbito de la negociación colectiva de los cuerpos funcionariales es el propio de todo el sector público y no existe ningún cuerpo de la Administración General del Estado que tenga reconocida una negociación propia", añaden. 

"No existe en nuestra organización administrativa un ámbito de negociación propia de un cuerpo funcionarial como la que reclaman los LAJ; la interlocución del Ministerio en estos asuntos es con los sindicatos", indican. Según los datos públicos del ministerio, a fecha de enero de 2022, en España hay más de 3.700 de estos funcionarios.

La ministra de Justicia, Pilar Llop. EUROPA PRESS

Asimismo, desde Justicia recuerdan que la subida salarial prevista para este 1 de febrero "es un incremento que no tiene ningún paralelismo en todo el sector público" y que los ingresos medios de un letrado de la Administración de Justicia serán entonces de 46.855,99 euros al año, el doble que el salario medio de España y el 50% de la media de las retribuciones del cuerpo de gestión procesal.

Así, las divergencias entre el Ministerio de Justicia y la asociación convocante de los últimos parones continúan. Tras la huelga del pasado día 26, la UPSJ cifró en un 70% la asistencia a las huelgas en algunas jurisdicciones, mientras el departamento que encabeza Llop lo sitúa en el 30,34%.