La Audiencia Nacional ha desestimado la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), en la que exigían casi 400 millones de euros por el retraso en la tramitación de las ayudas aprobadas para los perjudicados por este fármaco.
La talidomida fue diseñada para combatir las náuseas de las embarazadas y acabó causando malformaciones en los fetos. No fue retirado del mercado en España hasta 1985, cuando el resto de países lo habían vetado en noviembre de 1961. Gran parte de las víctimas del fármaco nacieron sin algún brazo o pierna y sufren envejecimiento prematuro y una situación de relativa dependencia.
Los magistrados de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han rechazado todas las alegaciones de la plataforma de afectados, de unos 280 miembros, por lo que denominaban una "parálisis" en las ayudas.
En una sentencia, fechada el pasado 11 de marzo a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, concluyen que "no se puede afirmar que la conducta de la Administración se haya desviado o que haya entorpecido de una manera arbitraria la voluntad del legislador".
La Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018, en su disposición adicional quincuagésima sexta, contemplaba el abono de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España. Uno, con cargo a los presupuestos públicos y otro, tras "recabar la colaboración económica necesaria" a la farmacéutica Grünenthal, propietaria de la patente.
Una protesta de miembros de Avite frente a una de las sedes de la farmacéutica.
La Audiencia Nacional señala, no obstante, que esta norma no establecía una fecha límite para la elaboración de un real decreto que desarrollase este punto. Y recuerda que ya se ha efectuado una primera previsión presupuestaria de 20 millones de euros para hacer frente a los primeros pagos en 2022. Los magistrados también indican que la pandemia de la Covid-19 ha retrasado todos los trámites burocráticos.
Asimismo, la Sala considera que "la Administración procedió, en términos muy razonables, a iniciar los trámites para cumplimentar la voluntad del legislador, pues el 24 de enero de 2019 ya había elaborado un proyecto de Real Decreto y había acordado su tramitación por el procedimiento de urgencia". No obstante, esta norma se ralentizó, ya que el Gobierno optó por proseguir su tramitación por la vía ordinaria.
"Ahora bien, compartimos con la recurrente [Avite] su observación respecto del hecho de que, desde el fin de marzo de 2019, se observa un estancamiento en la tramitación", indica la sentencia, de la que ha sido ponente el juez Santiago Soldevila. Pero la Audiencia Nacional reconoce que el proceso prosiguió a finales de 2020, "incluyendo —y esto es particularmente relevante— una previsión presupuestaria para hacer frente a los primeros pagos en 2022".
"En consecuencia, debemos concluir que la Administración ha venido actuando dentro del ámbito de sus competencias de una manera adecuada, sin que los retrasos producidos en la tramitación del Real Decreto puedan recibir la calificación de daño antijurídico", subraya la sentencia, que condena en costas a Avite, hasta un máximo de 3.000 euros.
"Un mero deseo"
Sobre la reclamación a Grünenthal, la Audiencia Nacional explica que el Tribunal Supremo ya estableció que la farmacéutica alemana fue la responsable de las malformaciones, que la posibilidad de reclamar por la vía penal contra ella ya ha prescrito y que, por tanto, lo que expresan los Presupuestos de 2018 "es un mero deseo de llegar a un acuerdo con dicha empresa, siempre dependiendo de la voluntad de la misma".
"No impone una obligación de resultado, como pretende la recurrente [Avite], pues frente a cualquier petición, la compañía estaría amparada por la prescripción que extinguió su responsabilidad", subrayan los magistrados.
Desde Avite, lamentan que este fallo "provocará que siga habiendo víctimas de la talidomida que se mueran sin ninguna ayuda" y avanzan a EL ESPAÑOL que estudian recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
La demanda
Bajo la dirección letrada de Ignacio Martínez, Avite presentó su demanda contra Sanidad en 2019, por "la falta de pago" por parte del ministerio a las víctimas de la talidomida. En ella, reclamaba al Gobierno central 399.876.000 de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.
La demanda recordaba que la Ley de Presupuestos del Estado 6/2018, en su disposición adicional quincuagésima sexta, recogía dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España. Una primera, con cargo a los presupuestos públicos y otra, a la farmacéutica Grünenthal.
"Lo que se reclama es una tutela judicial efectiva elemental, que consiste en que la Administración indemnice a los afectados por los daños personales que les ha generado con su anormal funcionamiento al no cumplir lo que le obliga la Ley 6/2018 y antes la PNL de 2016", rezaba la demanda, a la que este diario tuvo acceso.
Avite se quejaba de la "pasividad palmaria" de Sanidad por "no haber concluido el registro de afectados, no haber regulado la exención fiscal de las ayudas, no haber promulgado el Real Decreto que ordene la petición y pago de las ayudas y, en definitiva, no haber pagado nada de lo que exigía la Ley de Presupuestos de 2018".
Asimismo, como recordaba Avite, en 2016, una proposición no de ley (PNL) fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y reconocía la necesidad de brindar ayudas a los afectados por la talidomida antes de 2018.
Los Presupuestos
Según consta en la disposición adicional de los Presupuestos (PGE) de 2018, se concederán "ayudas a quienes, en el periodo 1950-1985, sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la talidomida" y cuyo origen no pueda ser explicado por alteraciones de otro tipo.
Su importe "será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud", se indica en aquellas cuentas públicas.
"El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado. Esta colaboración se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas", añadía el texto de las cuentas públicas.
El PSOE votó no a la enmienda del Partido Popular para añadir este apartado a los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El resto de grupos, salvo el PNV, que se abstuvo, la apoyaron. El proyecto de PGE para 2022 sí contempla una dotación de 20 millones de euros para ayudas a los afectados por la talidomida.
Por otro lado, tal y como publicó EL ESPAÑOL, tras el estallido de la pandemia, el Consejo Interterritorial ha duplicado su actividad vinculada al coronavirus, pero ha dejado en un cajón otras comisiones ajenas a la Covid-19. Entre ellas, la relativa a las víctimas de la talidomida.