La acusación popular ejercida por la Asociación de Juristas Europeos Prolege ha solicitado este lunes al magistrado Manuel García-Castellón que deduzca testimonio de la declaración de Dina Bousselham por sus cambios de versión sobre lo ocurrido con su tarjeta.
Deducir testimonio, jurídicamente, significa que un juez pueda investigar un posible delito derivado de la declaración de un sujeto como testigo.
En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado del caso Dina, Prolege considera que Bousselham, al desdecirse y cambiar su versión sobre lo ocurrido con su tarjeta microSD, ha intentado exculpar a quien fuera su jefe, Pablo Iglesias, de un supuesto delito de daños informáticos.
"Con ánimo de bien exculpar a Pablo Iglesias de un posible delito de daños informáticos, bien con conocimiento de su falsedad", la asociación de juristas le acusa de "verter un testimonio que altera la instrucción en causa penal". Por ello, insta al instructor "a que proceda deducir testimonio sobre la comisión de un presunto delito de falso testimonio en la persona de Dina Bousselham", reza el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Citada como testigo-perjudicada en una primera ocasión, en 2019, Bousselham aseguró que, una vez la tarjeta pasó por las manos de Pablo Iglesias, jamás pudo acceder a su contenido cuando éste se la devolvió. "Yo nunca la he llegado a abrir, porque nunca me ha funcionado", indicó. En 2020, se repitió: "Nunca he tenido acceso".
Foto del anverso de la tarjeta SD del móvil de Dina Bousselham.
Posteriormente, se retractó y dijo al juez que sí pudo visualizar los archivos en una ocasión, pero cuando volvió a intentarlo le fue imposible. Con ello, alejó a Pablo Iglesias del delito de daños informáticos. El pasado 15 de marzo, reiteró en la Audiencia Nacional que sí accedió una única vez. Por tanto, según esta versión, la tarjeta sí era útil cuando la recibió de manos del entonces líder de Podemos.
Como el juez dio por finalizada la instrucción del caso Dina el pasado enero —y se opuso a los recursos que pedían alargarla; entre ellos, uno del propio Iglesias y de su exasesora—, la acusación popular Prolege "interesa la apertura de una pieza separada para investigar los hechos expuestos" y que en ella se cite como investigado a Bousselham y a su expareja, Ricardo Antonio Sa Ferreira. También plantea que el magistrado pueda remitir los hechos al juzgado competente.
El Código Penal define el falso testimonio como la situación en la que un testigo "faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial" y lo castiga con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.
Iglesias retuvo la SD
Durante la instrucción, en octubre de 2020, García-Castellón elevó al Tribunal Supremo una exposición sobre la "participación delictiva" que apreciaba contra Pablo Iglesias —entonces era vicepresidente segundo del Gobierno—, a quien el juez atribuía haberse guardado la tarjeta sin decírselo a Dina Bousselham, su dueña.
En enero de 2021, el Supremo devolvió a García-Castellón la exposición para que el instructor practicara diligencias indispensables, como preguntar a Bousselham si quería actuar penalmente contra Iglesias, tras haberse constatado que el político tuvo la microSD en su poder. Para que un delito de revelación de secretos pueda ser perseguido, el Código Penal exige la denuncia de la agraviada, algo que ella, finalmente, no hizo, desvinculando así al líder de Podemos de este otro delito.
El partido Vox —también ejerce la acusación popular— pidió el pasado febrero ampliar la instrucción e imputar a Pablo Iglesias por haber tenido acceso a los datos de la tarjeta. En un auto de principios de marzo, García-Castellón denegó la solicitud argumentando que se sustentaba, "únicamente, en sospechas". La Policía Científica tampoco pudo aclarar quién ni cuándo se dañó irreparablemente el dispositivo.
Pieza 'Dina'
El juez abrió la llamada pieza Dina dentro del caso Tándem (o caso Villarejo) el 19 de marzo de 2019 ante los indicios de que la filtración de ciertos mensajes del móvil de Dina Bousselham a la prensa habría sido hecha por el excomisario José Manuel Villarejo, en cuyo domicilio se encontró una copia de los archivos de la tarjeta.
Había mensajes intercambiados por Pablo Iglesias con su asesora o con su equipo en los que el entonces líder de Podemos comentaba, entre otros asuntos, que le hubiera gustado "azotar a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase".
Pablo Iglesias y Dina Bousselham.
En el curso de las investigaciones, se descubrió que Iglesias tuvo una copia de la tarjeta del teléfono de su asesora. La recibió en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.
Según subrayó el juez durante la instrucción, el político "comprobó que en el dispositivo se almacenaban archivos personales y de carácter muy íntimo de Bousselham" y, "pese a ello, se guardó la tarjeta en su poder" sin comunicárselo a su antigua asesora. Una vez Iglesias devolvió a Dina la tarjeta de memoria, ya no funcionaba ni se podía acceder a su contenido. En su primera versión, Dina dijo que pudo acceder a ella una primera vez y luego se desdijo.
Finalizada la instrucción, en su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez García-Castellón decidió que el proceso continuase tan sólo contra Villarejo y contra dos periodistas de la extinta revista Interviú, perteneciente al Grupo Zeta, que tuvieron acceso a la tarjeta y le facilitaron una copia a Villarejo. Ambos reporteros manifestaron que el excomisario se la pidió y ellos creyeron que lo hacía en el marco de una operación policial.
En su tercera declaración ante el juez, Dina llegó a tachar a estos dos periodistas de "machistas". Preguntada por el juez por qué no pensaba lo mismo de Iglesias, Dina se escudó en la "confianza" mutua que entonces les unía y por la que ambos aceptaban y consentían acceder a los dispositivos electrónicos del otro.