Así avalaron PSOE y Más Madrid el contrato con Luceño: una reunión de madrugada y unánime

Ambos son investigados ahora por un presunto delito de estafa, tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción que ya tramita el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

Según consta en las actas de aquella reunión —incluidas en el sumario del caso mascarillas, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL—, aquella madrugada todos los consejeros de la funeraria municipal avalaron dicha compra. Tampoco se opuso ninguno a una segunda adquisición de mascarillas a otra empresa, a cinco euros la unidad. Las de Luceño fueron adquiridas por algo más, unos seis euros.

¿Y quiénes formaban parte de dicho consejo de administración? Varios técnicos y concejales de los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid: PP, PSOE, Vox, Ciudadanos y Más Madrid.

Acta de la reunión del Consejo de la funeraria municipal el 24 de abril de 2020. EL ESPAÑOL

A la reunión telemática del día 24 asistieron María Inmaculada Sanz (edil del PP), Ivo Villalba (Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias), Elena Collado (coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento, dependiente del Área de Hacienda), Francisco de Borja Fanjul (PP), Aurora Arnanz (directora general de Política Financiera de Hacienda y Personal), Antonio Prieto (gerente de Madrid Salud), José Canal (coordinador de Contratación y Política Financiera), Miguel Ángel Redondo (Ciudadanos), Ramón Silva (PSOE), Javier Barbero (Más Madrid) y Pedro Fernández (Vox).

Horas después, el mismo consejo volvió a reunirse de forma virtual, dado el confinamiento decretado por el estado de alarma. Y aprobó el pago del 50% del montante de otras dos compras de material sanitario: 250.000 test rápidos a 17 dólares la unidad y 2.500.000 guantes a dos dólares (1,80 euros, aproximadamente) el par.

También se trataba de artículos ofrecidos por Alberto Luceño. Por estos tres contratos, la funeraria municipal pagó, en total, casi 11 millones de euros de dinero público.

Según consta en las actas de reunión, pasadas las 15.30 del 25 de abril, Javier Barbero (Más Madrid) solicitó que "se dé garantía de la no privatización" de la funeraria madrileña. "Estas gestiones se están pudiendo hacer gracias a que se remunicipalizó", incidió.

El concejal socialista Ramón Silva también intervino. Preguntó "cómo se encuentra la recepción del material ya aprobado [el día 24]". Esos documentos, a su vez, recogen el siguiente apunte: "Ambos [ediles] aprovechan para agradecer y poner en valor el enorme trabajo que desde el Área de Hacienda se está realizando en condiciones nada fáciles".

El concejal Javier Barbero, en el Ayuntamiento. Efe

Hubo unanimidad y hasta alabanzas. Y ambos detalles son significativos, en tanto que hoy, los dos grupos —PSOE y Más Madrid— tratan de poner en el disparadero al alcalde por unos contratos que, meses después, están siendo investigados por fraudulentos. El Juzgado encargado del caso Mascarillas considera "perjudicado" al Ayuntamiento de Madrid, ya personado como acusación particular.

En la querella de la Fiscalía contra los comisionistas Luceño y Medina, se detalla que este último obtuvo el contacto de la responsable de las compras municipales, Elena Collado, a través de un familiar del regidor. La oposición ha exigido la dimisión de Almeida por este hecho. El PSOE, incluso, consideró "deteriorada" la reputación del consistorio.

"Votaron. La pregunta es por qué votaron lo que votaron. Yo soy consejero de una sociedad, tengo que emitir un voto y me garantizo que tengo la información suficiente. Lo que no lograron en las urnas, no lo van a lograr con una cacería", advirtió este viernes Martínez-Almeida en un acto público.

Tras aquella reunión del día 25, el consejo de administración de la empresa funeraria aprobó, de nuevo por unanimidad, que se informara puntualmente a todos sus miembros "sobre la totalidad de las operaciones [de compra de material sanitario contra la Covid-19] realizadas hasta la fecha y las que se lleven a cabo en adelante".

La funcionaria Elena Collado, encargada de negociar los términos de la compra con Alberto Luceño, también aludió a la unanimidad de los grupos cuando fue interrogada, como testigo, por la Fiscalía, una vez abierta la investigación sobre esos contratos. Ocurrió en abril de 2021.

"Esto lo ve el consejo de administración [de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A., participada al 100% por el Ayuntamiento], que conforman todos los grupos políticos, que, por cierto, están informados absolutamente de todo", manifestó ante el fiscal Luis Rodríguez Sol.

Los tres contratos —de mascarillas, test antiCovid y guantes— fueron firmados con la empresa malaya Leno Marketing Sdn Bhd, de la que, ante la Fiscalía y el Ayuntamiento, Luceño se presentó como "agente exclusivo".

Por estas tres transacciones, el empresario cacereño obtuvo cerca de cinco millones de euros en comisiones. Su socio para esta operación, el aristócrata Luis Medina, se embolsó unos 900.000.

"Inflaron el precio"

A ambos, el Ministerio Público les acusa de los delitos de blanqueo, estafa agravada y falsedad documental. Según su querella, en marzo de 2020, en uno de los peores momentos de la pandemia, "inflaron" el precio de estos tres contratos sanitarios "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Parte de los materiales entregados; en particular, los test y los guantes, no tenía la calidad acordada.

Luceño y Medina habrían gastado después estas abultadas cantidades en bienes de lujo. De acuerdo con la información obrante en el sumario, el primero pagó una estancia de seis noches en un exclusivo hotel de Marbella (60.000 euros), tres relojes de la marca Rolex (45.000 euros) y una docena de vehículos de alta gama, entre los que hay un Ferrari de 355.000 euros, un Lamborghini de 299.999 euros o un Aston Martin DBS Superleggera por valor de 293.000.

También adquirió un piso con tres plazas de garaje en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios de España de mayor renta per cápita. El inmueble costó más de un millón de euros.

Por su parte, Luis Medina gastó casi toda su comisión en la compra de varios bonos y de un elegante velero Eagle 44, de 13 metros de eslora, al que bautizó como Feria, en honor al ducado de su padre y que hoy ostenta su hermano mayor, con quien también comparte la sociedad gibraltareña que registró el navío, que costó 325.515 euros. Ambos intermediarios deberán acudir a declarar el próximo día 25 ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.