El Tribunal Supremo retrasará la sentencia de los ERE si las elecciones andaluzas se adelantan

El presidente andaluz baraja la posibilidad de llamar a los ciudadanos a las urnas el domingo 12 de junio o algún domingo posterior de ese mismo mes pero siempre antes del 1 de julio, ya que la ley electoral autonómica impide convocar comicios entre esta última fecha y el 31 de agosto.

Los pronósticos favorables de las últimas encuestas y barómetros, el aprovechamiento del 'efecto Feijóo', el bloqueo de Vox a iniciativas relevantes como la Ley de Economía Circular y la necesidad de contar con unos presupuestos para 2023 -que apenas si daría tiempo a aprobar en el caso de que se agotase la legislatura y la disolución se produjera en octubre- son argumentos que el entorno de Moreno Bonilla maneja para justificar el adelanto.

A esos motivos se une otro, no explicitado públicamente: la sentencia del Tribunal Supremo sobre el asunto de los ERE se espera para mayo o junio, proporcionando la circunstancia perfecta para sacar a la palestra la corrupción socialista y para replicar las críticas que los populares han tenido que soportar por la última condena al PP en el caso Gürtel. 

Si alguien ha hecho ese cálculo, puede abandonar toda esperanza. En la hipótesis de un adelanto electoral en Andalucía que hiciera que la pre-campaña o la campaña coincidieran con las fechas en las que la sentencia puede estar lista, ésta se retrasaría hasta después de la votación.

Así lo aseguran fuentes del Tribunal Supremo, que siempre -no sólo en este caso- ha procurado desvincular los procesos electorales de cualquier decisión judicial que pueda tener una incidencia significativa en ellos.

"Nos vamos a permitir la instrumentalización de las sentencias por ningún partido", afirman las fuentes consultadas, que no dudan en asegurar que, si el anticipo electoral andaluz se produce, el fallo del caso de los ERE no se conocerá antes de que se sepa el resultado de los comicios.

No es un asunto preferente (nadie está cumpliendo las penas de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla, aún no firmes) y los recursos llevan tramitándose dos años en la Sala Penal. El ponente, el magistrado Eduardo de Porres, pidió tiempo para estudiarlos, dado su número (19), extensión y complejidad.

La vista de estos recursos de casación está convocada desde principios de marzo y se celebrará el 4 y 5 de mayo. Es un paso procesal que no aportará novedades ya que los recursos son conocidos y la sucesión de intervenciones de defensores y acusaciones suele resultar hasta monótona. Los condenados no tienen que asistir a la vista, por lo que no habrá foto. La Sala no ve, por ello, problema para mantenerla aunque Moreno Bonilla se incline finalmente por el adelanto electoral.

Si la convocatoria fuera para el 12 de junio, la campaña empezaría el 27 de mayo, casi tres semanas después de la vista de los recursos. La Sala podría iniciar la deliberación, pero el resultado no se conocería hasta después de las votaciones.

La Fiscalía pide la confirmación

En la vista intervendrá la Fiscalía, que pide la confirmación íntegra de la sentencia que en noviembre de 2019 condenó a 19 de los 21 acusados por el mayor fraude conocido de fondos públicos destinados a trabajadores y a las empresas en crisis. Fueron 679,4 millones de euros habilitados entre 2000 y 2009 y que, debido a un "absoluto descontrol", acabaron en manos de empleados y sociedades que no tenían derecho a percibirlos.

Si el fallo fuera ratificado por el Tribunal Supremo, el expresidente andaluz José Antonio Griñán iría a prisión y su antecesor, Manuel Chaves, quedaría inhabilitado para toda función pública durante nueve años.

La condena a una alta pena de cárcel impuesta por la Audiencia de Sevilla a José Antonio Griñán fue un mazazo para los socialistas andaluces. Pero los fiscales del Tribunal Supremo consideran que es correcta. A su juicio, es "inconcebible" que quien fuera el principal responsable de la Consejería de Economía y Hacienda en el momento de los hechos desconociera el sistema de concesión y reparto de las ayudas "que se desarrolló al margen de la legalidad".

"La valoración en conjunto de los elementos de prueba evidencia que el mantenimiento del sistema de concesión de las ayudas no era posible sin el conocimiento y aquiescencia de la Consejería de Hacienda", dirigida por Griñán. Por ello, los fiscales concluyen que el exconsejero "autorizó la utilización inadecuada y fraudulenta de una partida presupuestaria, con flagrante infracción de las normas presupuestarias elaboradas durante su mandato", señalaba el informe en el que la Fiscalía pidió la confirmación de todas las condenas.

El PP no impugnó los recursos

A la vista también podrán asistir los abogados del PP, que ejerció la acusación popular contra los exdirigentes socialistas andaluces.

Curiosamente, el PP, que llegó a pedir un total de 114 años de prisión y 200 años de inhabilitación para los acusados, no atendió los plazos que le dio el Tribunal Supremo y no contestó a los recursos.

El PP se ha sumado a la posición del fiscal, sin impugnar por sí mismo ningún recurso pese a la intensidad con la que intervino en la instrucción y el enjuiciamiento y al interés del partido en establecer un paralelismo entre el caso ERE y el caso Gürtel.

Cuando se conoció la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla se viralizó la pregunta que Mariano Rajoy hizo durante el debate de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa: "Cuando llegue la sentencia de los ERE, ¿se van a poner una moción de censura a sí mismos?".