La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por el "supuesto favorecimiento" de siete empresas en varios contratos concedidos por el Gobierno de España.
El Partido Popular de la Comunidad de Madrid, encabezado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, denunció ante el Ministerio Público el pasado 10 de marzo un total de doce adjudicaciones, realizadas mediante el procedimiento de emergencia. Es decir, debido a la pandemia de la Covid-19, los trámites habituales se suprimieron y se concedieron a dedo.
Según consta en el decreto de incoación de diligencias, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Anticorrupción destaca "la necesidad" de practicar algunas de ellas "para confirmar o descartar la posible relevancia penal de los contratos cuya legalidad se impugna". El valor total de las adjudicaciones que serán investigadas alcanza los 326 millones de euros.
Entre ellos, la Fiscalía analizará una subvención de 64.959,82 euros a Playbol SA, "vinculada a los padres del presidente del Gobierno", y un contrato adjudicado a Beedigital, relacionada con el marido de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, de acuerdo con la denuncia del PP.
"Al parecer, [los padres de Pedro Sánchez] vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol SA, de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges", indica la Fiscalía, según recogió la denuncia del equipo de Ayuso.
No obstante, el Ministerio Público indica que el Partido Popular "nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas". Por ello, Anticorrupción no señala a ningún miembro del Ejecutivo.
"Indiscutible trascendencia"
Pero la Fiscalía considera "procedentes" estas diligencias. Aunque no se dirigen, por el momento, contra ninguna persona o empresa concreta, sí cree que debe incoarlas para "confirmar o descartar" si hubo o no delito en estas actuaciones. Todo ello —añade—, para garantizar el "recto y normal" funcionamiento de la Administración Pública y dada la "indiscutible trascendencia social del contexto" en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia.
El Ministerio Fiscal insiste: no ha constatado la participación en los hechos de personas aforadas, como el presidente o cualquiera de los ministros. Y recalca que la incoación de diligencias pretende "valorar si del relato que de los hechos se hace y de la documentación aportada resultan elementos que permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta relevancia penal", añade el escrito, firmado este viernes por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
En todos los contratos, el PP denunciaba la "falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para su formalización" y, en algunos de ellos, un precio excesivo de los materiales sanitarios encargados.
Ábalos, Illa y Calviño
Otra de las adjudicaciones que la Fiscalía analizará es la concedida, por valor de más de 24 millones de euros, a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, por el ministerio que, entonces, encabezaba José Luis Ábalos. El objeto: suministro de mascarillas contra la Covid-19.
También existen otros dos contratos públicos con la misma beneficiaria y el mismo objetivo, adquirir material sanitario. Uno, por valor de 12.500.000 euros, otorgado por Adif. Y un tercero, firmado por el Ministerio del Interior, por casi 3,5 millones.
Sobre la compañía, el PP señaló que "su actividad social no tiene relación directa con el objeto del contrato". Y que se obvió la "comprobación de la solvencia de la adjudicataria". Además, según la denuncia, en 2019, su cifra de negocio fue de cero euros, frente a los 53,13 millones en 2020, una vez concedidas las adjudicaciones a dedo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El PP madrileño también señaló los cuatro contratos dados por el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa a FCS Select Products SL. E, incluso, apuntó, como causa de la adjudicación, a la "relación de amistad" de los administradores de la sociedad con el entonces titular de Sanidad.
¿El valor de todos ellos? 263 millones de euros. Estaban destinados a la compra de material sanitario contra el coronavirus: más de 500 millones de mascarillas y 10 millones de guantes de nitrilo.
De igual modo, el Partido Popular cuestionó el proceso de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, su actividad social —ajena al objeto del contrato— y su cifra de negocio. "En 2018, fue inferior al millón de euros; en 2020, alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas", rezaba la denuncia. A su vez, el PP señaló que FCS Selected Products fue condenada en 2016 por un delito de estafa.
Otro de los contratos denunciados por el equipo de Isabel Díaz Ayuso fue el concedido a Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, rebautizada como Beedigital. El PP señaló que el marido de la vicepresidenta primera y actual ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ocupa el cargo de director de marketing de la empresa.
Y, según denunciaron ante Fiscalía, la adjudicación (por valor de 532.400 euros) se habría concedido cuando Beedigital tenía deudas con Hacienda por valor de 1,6 millones. De acuerdo con el decreto de Anticorrupción, el objeto de dicho encargo fue el Servicio de Gestión de la Imagen Digital y de la Reputación Online de la Seguridad Social.
La denuncia del PP también alertó del contrato con Member Of The Tribe SL, cuyo objeto social es el diseño de prensas de vestir. El Partido Popular avisó del "precio excesivo" al que el Gobierno pagó cada guante, frente al de otros proveedores. Y estimó su sobreprecio entre un 25% y un 500% superior a otras ofertas.
"Sanidad le adelantó el 30% del primero de los contratos por un importe de 1.669.200 euros. La compañía incumplió el plazo de entrega, por lo que se resolvió el contrato. La Administración no ha recuperado el dinero adelantado", recogió la denuncia de Ayuso.
El resto de contratos que se investigarán son los firmados con las empresas Weihai Textile Group Import & Export Co. Ltd. e Hyperin Grupo Empresarial. Todas las diligencias quedan en manos del fiscal anticorrupción Luis Pastor Motta, salvo las referentes a Playbol y Beedigital, que liderará Luzón.
"Las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo refuerzan la pertinencia de acordar la incoación de diligencias de investigación para esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa", concluye el decreto.