Matilde García Duarte, coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, deberá declarar como testigo en el caso Mascarillas. Así consta en un auto fechado este martes, firmado por el juez instructor Adolfo Carretero, encargado de investigar la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento en tres contratos sanitarios firmados en marzo de 2020.
En el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de la capital, expone que "resulta pertinente y útil para la instrucción de la presente causa" la declaración testifical de Matilde García Duarte.
El pasado día 12, durante su interrogatorio —también como testigo—, Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, aseguró al juez que solicitó a esta alto cargo del consistorio un correo electrónico para facilitárselo, a su vez, al aristócrata Luis Medina y que éste pudiera hacer llegar a la Administración su oferta de guantes, mascarillas y test contra la Covid.
Matilde García Duarte, en una imagen del pasado febrero.
Según dijo el pariente del regidor, entregó a Medina un e-mail "genérico", el de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid: cgalcaldía@madrid.es. El mismo que, por ejemplo, el Ayuntamiento publicitaba entonces en sus redes sociales como el habilitado para donar productos sanitarios al consistorio.
Luego, Carlos Martínez-Almeida —así lo admitió el pasado jueves— facilitó esta dirección al hoy imputado Luis Medina. En todo caso, desvinculó a José Luis Martínez-Almeida de esta gestión. El aristócrata, por su parte, declaró que no conocía "de nada" al familiar del político, con el que tan sólo tenía una "amiga en común", que fue la que les había puesto en contacto. A Matilde García y Carlos Martínez-Almeida, según reconoció éste, les une "una amistad de más de 15 años".
Por todo ello, el juez ve pertinente citarla, "por ser la persona que proporcionó al investigado Luis Medina el correo electrónico para ponerse en contacto con el Ayuntamiento y hacer las ofertas del material sanitario".
De momento, el magistrado no fija una fecha para esta testifical. Tan sólo manifiesta en su auto que deberá celebrarse cuando el Ayuntamiento de Madrid informe al Juzgado de "la dirección de correo electrónico concreta" en el que recibió las ofertas sanitarias. Más Madrid y Podemos, personados en el caso Mascarillas como acusaciones populares, habían pedido esta declaración como testigo.
Asimismo, al igual que ha sostenido durante la instrucción, el magistrado recuerda que el consistorio "no es investigado en el presente procedimiento", sino que "tiene la condición de perjudicado en el mismo". A su vez, el juez se ha opuesto en varias ocasiones a imputar a Carlos Martínez-Almeida. Ni por un presunto tráfico de influencias, del cual le acusaba Podemos, ni por el supuesto delito de estafa, que le atribuyó el Grupo Mixto, también personado como acción popular.
"Si no se ha estimado que el señor [Carlos] Martínez-Almeida fuese imputado por el delito de tráfico de influencias, porque no contribuyó de forma decisiva a la celebración de los contratos en los que se deriva la presunta estafa, mucho menos se le puede citar como investigado por un delito de estafa, por mucho que el correo que trasladase al comisionista [Luis Medina] le hubiera sido útil para contratar", reza otro auto del juez, al que ha tenido acceso este periódico.
"Máxime cuando no existe prueba alguna de la intervención del señor [Carlos] Martínez-Almeida en la negociación de los contratos con posterioridad y, mucho menos, que tuviese algún beneficio por ello", añade.
'Caso Mascarillas'
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Su labor se habría limitado a facilitar el contacto que recibió por parte del primo de Almeida. A éste, a su vez, se lo habría facilitado Matilde García Duarte, a la que telefoneó para pedírselo. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. El juez pretende comprobar la veracidad de estos papeles.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.