La juez Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha inadmitido la denuncia presentada por un abogado particular contra Pablo Casado y Teodoro García Egea por el presunto delito de revelación de secretos al haber desvelado la comisión cobrada por el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Así consta en un auto, fechado el pasado 18 de mayo, que concluye que "la denuncia tan sólo aporta meras sospechas o hipótesis". E iniciar un procedimiento basado en "suposiciones" daría lugar a "una investigación prospectiva, incompatible con los principios que rigen en el Derecho Penal", añade.
La magistrada toma esta decisión después de que la Fiscalía madrileña se mostrara partidaria de no admitir a trámite la denuncia y dar carpetazo así a este asunto.
Según expuso el Ministerio Público, el escrito del letrado Esteban Gómez Rovira era, simplemente, "un ejercicio de hipótesis y elucubraciones", "carente de apoyo en hechos acreditados". Tan sólo era una sucesión de "simples" titulares de prensa.
Ahora, la juez adopta este mismo criterio y opta por inadmitir una denuncia que no aporta "indicios o datos objetivos de la realidad de los hechos que imputa", sin llegar a ordenar ninguna diligencia.
Inmaculada Iglesias, además, recuerda que el hermano de la presidenta de Madrid sería el hipotético perjudicado de la revelación de secretos, pero no es parte del procedimiento. "Es él el que ostenta la legitimación procesal para ejercitar la acción penal que se reconoce a todos los ciudadanos ofendidos o agraviados por el delito mediante la acción particular", indica en su auto.
La denuncia se basaba en las declaraciones pronunciadas el 18 de febrero de 2022 por Pablo Casado, cuando éste era aún presidente del Partido Popular. "Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un Consejo de Ministros", indicó, como una crítica al cobro por parte de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, de una comisión por su intermediación en un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid (CAM). Casado, en una entrevista en la radio, también aseguró que había recibido "una información con datos fiscales y bancarios" sobre este cobro.
La CAM, poco después, confirmó que sólo cobró unos 55.000 euros, recibidos de la empresa Priviet Sportive S. L., proveedora del material sanitario. Y que se los embolsó por las "gestiones" empresariales que realizó y nunca por favorecer o influir en la firma de la compra de mascarillas.
El letrado Gómez Rovira también denunció al entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, por el mismo delito. Lo hizo al entender que había revelado datos protegidos del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pedía, a su vez, investigar cómo había llegado esa información hasta la dirección nacional de la formación.
Para el fiscal, "la conducta denunciada" no quedó "ni mínimamente probada, invocando genéricamente un posible delito de revelación de secretos, pero sin soporte probatorio alguno y sobre la base de meras hipótesis".
Ahora, la juez, en línea con la Fiscalía, opta por inadmitirla. "La denuncia formulada por quien no es perjudicado por el presunto delito de revelación de secretos, basándose en meras informaciones difundidas a través de los medios de comunicación, sin aportar ningún indicio de comisión del tal delito, debe ser inadmitida por considerarse claramente prospectiva", señala la magistrada. Su decisión aún puede ser recurrida.
Esta no es la primera denuncia del letrado Gómez Rovira sobre cuestiones que atañen al Partido Popular. Tal y como informó EL ESPAÑOL, este abogado también pidió que se investigara el voto telemático del diputado Alberto Casero que, por error, permitió la convalidación de la reforma laboral del Gobierno. Y fue archivada.
En el último año, Gómez Rovira ha interpuesto otras denuncias contra varios miembros del Gobierno. Y otras dos, dirigidas contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, que fueron archivadas.