La alto cargo de Almeida declarará como testigo en el 'caso Mascarillas' el próximo 3 de junio
El juez también rechaza aplazar la citación como testigo de Elena Collado, la funcionaria que negoció los contratos, prevista para este viernes.
26 mayo, 2022 16:30Noticias relacionadas
Matilde García Duarte, coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, deberá declarar como testigo en el caso Mascarillas el próximo 3 de junio a las 11.30 de la mañana.
Así consta en una providencia, firmado por el juez Adolfo Carretero y fechada este jueves, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Este magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, es el encargado de investigar la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento en tres contratos sanitarios firmados en marzo de 2020.
Carretero ya había citado a declarar a este alto cargo de la Administración municipal, pero sin una fecha concreta. Ya aclaró que esperaría hasta que el consistorio remitiese al Juzgado los e-mails que le había enviado el imputado Luis Medina, en los que ofrecía el material sanitario por el que se firmaron los tres contratos que ahora se investigan.
El Ayuntamiento los entregó al juez el pasado martes. Las conversaciones confirman que Medina fue quien se dirigió al consistorio, a través del e-mail genérico del área que coordina Matilde García, a la que, en el primer correo electrónico, llama equivocadamente Maite. Se trata de la misma dirección de correo que el Ayuntamiento había publicitado en sus redes sociales al inicio de la pandemia como la habilitada para recibir donaciones y ofrecimientos de material antiCovid.
El pasado día 12, durante su interrogatorio —también como testigo—, Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, aseguró al juez que solicitó a Matilde García un correo electrónico para facilitárselo, a su vez, al aristócrata Luis Medina y que éste pudiera hacer llegar a la Administración su oferta de guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Según dijo el pariente del regidor, entregó a Medina un e-mail "genérico", el de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid: cgalcaldía@madrid.es. Se trata del mismo al que se dirigió Medina, según consta en la documentación aportada al juez y consultada por este periódico.
En todo caso, Carlos Martínez-Almeida desvinculó a José Luis Martínez-Almeida de esta gestión. El juez ha descartado tajantemente que el pariente del regidor intentara influir en la Administración para favorecer a Medina, al que apenas conocía y con el que sólo comparte una amiga en común, la que les puso originariamente en contacto. También ha mantenido en todo momento, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, que el consistorio es el perjudicado de la supuesta estafa.
Por otro lado, a Matilde García y Carlos Martínez-Almeida, según reconoció este último ante el juez, les une "una amistad de más de 15 años".
Por todo ello, el juez indicó en su auto que ve "pertinente" citar a la alto cargo, "por ser la persona que proporcionó al investigado Luis Medina el correo electrónico para ponerse en contacto con el Ayuntamiento y hacer las ofertas del material sanitario". Más Madrid y Podemos, personados en el caso Mascarillas como acusaciones populares, habían pedido la declaración de Matilde García como testigo.
Collado declara este viernes
Asimismo, en la misma providencia fechada este jueves, Adolfo Carretero se opone a aplazar la declaración como testigo de Elena Collado, prevista para este viernes. Se trata de la funcionaria municipal responsable de las compras sanitarias.
Fue ella, por tanto, la que negoció con el empresario Alberto Luceño, socio de Medina en esta operación, los contratos de guantes, mascarillas y test contra la Covid.
Podemos y Más Madrid habían solicitado al Juzgado suspenderla, alegando falta de tiempo para poder analizar la documentación aportada por el Ayuntamiento relativa a los e-mails de Medina y considerando que estos archivos podían "afectar" a los hechos sobre los que va a declarar Collado.
Pero Carretero lo deniega: "No ha lugar a la suspensión de la declaración de la señora Collado; no sólo porque el Ayuntamiento ha cumplimentado el oficio que se le pidió, sino que para la declaración de la citada señora no era necesario saber su contenido, pues en su propia declaración se podrá saber quién se puso en contacto con ella y cómo fueron las negociaciones".
En resoluciones anteriores, el magistrado se ha opuesto en todo momento a investigar a Collado, hasta el punto de considerarla víctima de la supuesta estafa y "engañada" por Medina y Luceño.
'Caso Mascarillas'
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Su labor se habría limitado a facilitar el contacto con el Ayuntamiento. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.