Uno de los testigos mexicanos de 'Neurona' niega que Podemos se financiase ilegalmente

Germán Cobos, el representante legal de la consultora Neurona en México, ha declarado este lunes ante el juez Juan José Escalonilla y ha negado que Podemos se financiase ilegalmente mediante el contrato de más de 360.000 euros firmado entre el partido y la compañía latinoamericana.

Así lo confirman varias fuentes presentes en el interrogatorio, que se ha efectuado mediante una videoconferencia desde la Delegación de Michoacán de la Fiscalía de México. Cobos ha asegurado a Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que no le consta que parte de ese dinero abonado por el partido a la consultora retornase de nuevo a las arcas de la formación para que ésta se financiase irregularmente.

El testigo también ha negado que los servicios contratados —elaboración de propaganda electoral, principalmente— fuesen simulados, como sospecha el magistrado.

No obstante, Germán Cobos ha señalado que desconoce los detalles de la vinculación entre varios trabajadores con la consultora Neurona y tampoco ha podido detallar nada sobre las cotizaciones a la Seguridad Social de los mismos.

Y, preguntado por una discrepancia entre el borrador del contrato suscrito entre el partido y la empresa —27 de febrero de 2019— y la fecha de constitución de la mercantil en España —unos días después; el 19 de marzo de ese año—, el testigo ha señalado que se trata simplemente de un error humano, que ha asumido personalmente.

Declaración pospuesta

Este lunes también estaba previsto que declarase, bajo las mismas condiciones —por videoconferencia desde México y como testigo—, Waldemar Aguado Butanda, otro de los responsables de Neurona. Se trata de quien, en marzo de 2019, recibió la primera copia del contrato entre Podemos y la consultora. Pero la testifical se ha aplazado y aún no hay una fecha concreta para ella, confirman fuentes jurídicas a este periódico.

El pasado febrero, el juez Juan José Escalonilla acordó interrogar por videoconferencia a ambos. Antes, en noviembre de 2021, la Audiencia Provincial le ordenó que cursase una comisión rogatoria a México, tras un recurso del partido Vox —una de las acusaciones populares del caso Neurona— contra su renuncia a tomar declaración a Cobos y Aguado.

El partido Podemos lleva investigado más de un año y medio por el pago de unos 360.000 euros de dinero público a Neurona para que le prestase servicios electorales en los comicios generales de 2019.

Dicha cantidad, cobrada a través de una filial en España, fue posteriormente transferida a otra compañía con sede en Guadalajara (México), Creative Advice Interactive. Germán Cobos habría ejercido de interlocutor entre el partido y la matriz. Por su parte, Waldemar Aguado recibió, en marzo de 2019, la primera copia del contrato con la formación política.

Escalonilla investiga si ese precio se corresponde con el trabajo que realizó la consultora. Una de las últimas diligencias que aún quedan pendientes es un informe pericial que tase el valor real de los servicios prestados por la mercantil mexicana a Podemos, para comprobar si se corresponden con el dinero abonado.

El magistrado ya ha asegurado en reiteradas ocasiones que parte de los trabajos sí se pueden certificar, mientras que no pueden acreditarse algunos otros.

La instrucción

Tal y como informó este diario, el pasado 27 de enero, en contra del criterio de Fiscalía, el juez Escalonilla amplió la instrucción del caso Neurona seis meses, por lo que podrá prolongarse hasta, al menos, el 28 de julio de 2022. 

El Ministerio Público consideró que ha quedado "acreditado" el trabajo que Neurona realizó para el partido, que continúa imputado como persona jurídica. La comisión rogatoria a México, entonces pendiente, y las testificales de Aguado y Cobos fueron los dos motivos esgrimidos por el juez para acordar la prórroga.

A lo largo de la investigación del caso Neurona, éste se ha desgajado en hasta siete líneas de investigación. La mayor parte de ellas —como la relativa a la reforma de la sede de Podemos o el supuesto cobro de sobresueldos de su Caja de Solidaridad— han sido archivadas.

La que aún sigue abierta es esta línea de investigación, centrada en la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, bajo la sospecha de que Podemos hubiese podido pagar más de 360.000 euros a la empresa por labores que nunca llegó a realizar y una parte de esta cantidad fuese desviada a otros fines.