El CGPJ instará a Llop a atender la situación de Juzgados colapsados a los que Justicia niega apoyo

"No podemos quedarnos de brazos cruzados porque es una decisión que perjudica gravemente a los ciudadanos y que, además, es el preludio de las nuevas denegaciones que van a venir en las próximas semanas", afirman desde el órgano de gobierno de los jueces.

El malestar del CGPJ con el Ministerio que dirige Pilar Llop es creciente. A la tardanza en dotar de letrados a la Sala Civil del Tribunal Supremo y a la falta de respuesta a las demandas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se suma ahora la negativa a autorizar la prolongación de comisiones de servicio de jueces profesionales y la adscripción de jueces sustitutos a Juzgados que tienen un colapso "estructural".

La situación de esos órganos no puede ser atendida de otro modo porque Justicia tampoco incrementa el número de jueces. Los nuevos miembros de la carrera judicial que se incorporarán este año y a lo largo de 2023 ni siquiera serán suficientes cubrir las vacantes ya existentes (un total de 342) más las bajas vegetativas (jubilaciones y fallecimientos).

El Ministerio de Justicia ha esgrimido "razones de disponibilidad presupuestaria" para no autorizar 15 medidas de refuerzo solicitadas por el CGPJ en mayo. 

El escrito que la directora general para el servicio público de Justicia, María dels Angels García, ha enviado al Consejo explica que el coste de las medidas ya autorizadas asciende a 8,7 millones, cuando el presupuesto "que viene manteniéndose desde 2019" es de 7,1 millones.

Desde el órgano de gobierno del Poder Judicial se asegura que todas las medidas de refuerzo que se solicitan pasan el filtro de la Inspección y solo se tramitan las "imprescindibles". "Son una prioridad básica", afirman fuentes del CGPJ, que temen que un alto número de las comisiones de servicio que vencen a finales de junio también sean denegadas.

La propuesta que este jueves debatirá la Comisión Permanente consiste en instar al Ministerio a reconsiderar la denegación de las medidas de apoyo por la grave repercusión que esa decisión tiene en el servicio público de Justicia.