El juez rechaza investigar la implicación de Otegi en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado investigar la supuesta implicación del hoy líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, ocurrido en 1997.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la investigación. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) solicitó a García-Castellón conocer "en qué grado" pudo participar el dirigente abertzale en los hechos, si lo hizo.

En un escrito, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, la defensa de DyJ recordaba que un auto de la Audiencia Nacional fechado el 11 de julio de 1997, cuando el concejal ya había sido secuestrado, acordó investigar a Otegi, diseñándose un "urgente plan de control" sobre el dirigente vasco y la intervención de sus comunicaciones.

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En su declaración en un Juzgado de Villajoyosa, Miren Itziar Olaskoaga había asegurado que su exmarido, Salvador Ormaza Corral, miembro de ETA, había participado en un robo de escopetas junto a Arnaldo Otegi. Y sugirió que se investigase a este último, debido a la zona en la que se había producido el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Según dijo la mujer, Otegi formaba parte del aparato logístico de ETA político-militar junto al exmarido de ésta.

En aquellas fechas de 1997, el político abertzale era dirigente de Herri Batasuna, la formación que sería ilegalizada en 2003, y era también diputado en el Parlamento vasco.

Manifestación contra el secuestro de Miguel Ángel Blanco en 1997. Efe

En total, tres teléfonos que Otegi utilizaba en 1997 fueron pinchados. Sin embargo, como recordaba en su escrito Dignidad y Justicia, "no consta en la causa resultado alguno de dichas diligencias de investigación acordadas".

Tampoco se dirigió ninguna solicitud al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acerca del dirigente abertzale —dado que era diputado regional, estaba aforado ante el TSJ de Euskadi— ni se formó ninguna pieza separada en la que se le imputase.

"En definitiva, nada más se supo del resultado de las investigaciones realizadas sobre el mismo y su posible participación en el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco", ni si Otegi "tuvo algún tipo de participación en la toma de decisión" de retener y matar al concejal del PP.

Por todo ello, la asociación de víctimas solicitaba al juez conocer "el resultado de las investigaciones" efectuadas sobre Arnaldo Otegi y su "posible participación, y en qué grado," en los hechos, así como que dichas actuaciones "sean traídas al presente sumario". Algo que el juez, finalmente, no hará.

Mismo juez

El juez que autorizó pinchar los teléfonos de Otegui durante el operativo de búsqueda de Miguel Ángel Blanco fue Manuel García-Castellón. Y es el mismo magistrado que, 25 años después, ha reabierto esta investigación, que apunta ahora hacia los líderes de la banda terrorista, contra quienes se querelló Dignidad y Justicia.

En 2006, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó a 50 años de cárcel a los etarras Francisco Javier García Gaztelu (alias Txapote), y a su compañera sentimental y miembro de la banda Irantzu Gallastegui Sodupe (Amaia) como autores materiales del secuestro y posterior asesinato.

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Pero la querella de Dignidad y Justicia se dirige contra la cúpula de ETA, cuyos miembros habrían sido los "presuntos autores detrás del autor", dado su "dominio" de las estrategias violentas y quienes tenían poder tanto para sugerir los objetivos como para liberar a un secuestrado.

Tras la reapertura, el juez ya ha citado como investigados a dos jefes de ETA: Soledad Iparraguirre (Anboto) y Miguel Gracia Arregui (Mikel Antza). Ambos imputados se acogieron a su derecho a no declarar.

El exjefe de ETA Miguel Albisu, alias 'Mikel Antza', antes de su declaración en la Audiencia Nacional, el pasado jueves. Europa Press

Además, tal y como ha avanzado EL ESPAÑOL, García-Castellón deberá solicitar permiso a Francia para poder interrogar a Anboto por este caso, ya que la sanguinaria etarra fue extraditada por Francia para ser juzgada por unos hechos diferentes.

Prescripción

Por otro lado, la pasada semana, la Fiscalía planteó la tesis de que los hechos estarían prescritos para ambos investigados.

El pasado 19 de julio, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, envió un e-mail al fiscal de este caso, Vicente González Mota, en el que le comunicaba esta directriz.

Al discrepar de esta postura, González Mota optó por apartarse de la causa y fue sustituido en los interrogatorios a Antza y Anboto por Pedro Rubira, quien defendió mantener viva la instrucción para que las víctimas "sepan la verdad", pero se manifestó a favor de la prescripción.

Ahora, el próximo fiscal general del Estado, Álvaro García, consultará con la Junta de Fiscales de Sala este asunto, antes de establecer un criterio definitivo sobre la prescripción de los delitos de terrorismo.

Otra de las cuestiones que aún faltan por resolverse en esta causa es la imputación de Ignacio Miguel Gracia Arregui (alias Iñaki de Rentería). García-Castellón consideró que los hechos tan sólo estarían prescritos para él, al haber pasado más de 20 años desde que fue detenido, en el año 2000.

Y tanto el Partido Popular y la asociación de víctimas Dignidad y Justicia como la Fiscalía —con firma de González Mota— se opusieron a esta decisión del instructor. Las tres partes solicitan que Iñaki de Rentería también sea imputado. Ahora, García-Castellón deberá responder a sus recursos. La defensa de los etarras, por contra, respaldan el criterio del magistrado y la nueva postura del Ministerio Público.