La anterior dirección del PP presume del acuerdo con Bolaños: "Logramos más cosas que Feijóo"

La finalidad del pacto era garantizar la renovación de la tercera parte de los magistrados del Tribunal Constitucional que tocaba realizar en junio de 2022 incluso en el caso de que persistiese el bloqueo para elegir al nuevo Consejo General del Poder Judicial, en prórroga de funciones desde 2018.

Ese acuerdo ha sido filtrado ahora por el Gobierno, según el PP, para que Pedro Sánchez pueda afear al nuevo líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, que su formación no cumple lo que firma.

Pero también está siendo objeto de fuego cruzado entre la anterior dirección de Génova y la actual. Ésta reprocha al equipo de Pablo Casado que pactara con el Gobierno un documento "secreto" que "nosotros no tenemos".

Considera, además, que no le vincula, ya que tras cambiar la dirección del partido las conversaciones con el PSOE sobre la renovación de las instituciones partieron de cero.

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Feijóo aseguró el pasado jueves que "cuando despaché con Casado, en el traspaso de poderes, no me dio ningún documento ni acuerdo".

También indicó que "me han trasladado que en ningún comité de dirección se habló de ningún documento ni de ninguna cuestión firmada entre el ministro y el exsecretario general del PP".

"No era secreto"

"Ni el secretario general ni el presidente del partido elegido en primarias firman papeles secretos", replican a Feijóo fuentes de la anterior dirección, que añaden que "tampoco se hacen esos acuerdos en asamblea".

El pacto con Bolaños "no era secreto", aseguran, "y la prueba es que se informó de su contenido a la que era con nosotros y sigue siendo ahora portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y al vicesecretario de acción institucional, Esteban González Pons".

Es cierto, no obstante, que el documento no se entregó materialmente a ningún miembro de la nueva dirección, por lo que el presidente de PP no falta a la verdad cuando asegura que "no lo tengo".

Desde la anterior cúpula del partido se enfatiza que lo relevante no es tener o no el papel sino conocer lo que se acordó. "Y lo conocían, no sólo por nosotros, sino también porque hace tres meses González Pons habló de ese acuerdo con Félix Bolaños".

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González Pons ha admitido que en su primer encuentro con el ministro de la Presidencia éste le mostró el acuerdo firmado en 2021 con García Egea y ha desvelado que le "amenazó" con sacarlo a la luz. El dirigente popular le contestó que hiciera lo que quisiera porque ese papel no vincula a la nueva dirección del partido, "que en estos temas no admite documentos secretos".

Las fuentes del equipo de Casado también aseguran que Gamarra ha hablado con Bolaños del acuerdo de octubre de 2021 "en varias ocasiones" tanto antes como después de abril, cuando Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP.

Desde el Gobierno lo confirman. "Se ha hablado varias veces con Gamarra, en tiempos de Casado y también ahora con Feijóo, para poner en marcha la presentación de la proposición de ley prevista en el acuerdo que se firmó", indican fuentes de La Moncloa. La respuesta de la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso ha sido "dar largas".

Según el escrito que rubricaron Bolaños y García Egea, los grupos parlamentarios del PSOE y del PP presentarían "conjuntamente" en el primer cupo de iniciativas parlamentarias (se preveía que en noviembre de 2021) una proposición de ley para volver a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La reforma consistiría en devolver al CGPJ la facultad de nombrar a dos de los cuatro magistrados del TC que le corresponde designar en la renovación que debía hacerse en junio de 2022.

Los otros dos magistrados son propuestos directamente por el Gobierno, que conseguirá así que el Tribunal Constitucional pase de la actual mayoría conservadora a una mayoría progresista.

"Era un acuerdo beneficioso para el PP", defiende la anterior dirección. "Primero, porque la reforma de las competencias del CGPJ sería pactada con nosotros, no con ERC y Bildu, lo que ha acabado sucediendo", indican.

El pasado julio el Parlamento dio luz verde a una reforma exprés para que el Consejo General del Poder Judicial, que desde marzo de 2021 tiene bloqueada su facultad de hacer nombramientos discrecionales, pueda sin embargo elegir a los dos magistrados del TC necesarios para que la renovación del Constitucional salga adelante junto a los dos magistrados propuestos por el Gobierno. La reforma se aprobó con la mayoría parlamentaria de la investidura de Sánchez.

El pacto de octubre de 2021 tenía una segunda cláusula "aún más beneficiosa para nosotros", indican fuentes del equipo del expresidente del PP Pablo Casado.

[El PSOE aceptó por escrito que el PP elija al sucesor del magistrado del TC que ha renunciado al cargo]

El PSOE se comprometió a permitir que el Partido Popular decidiese quién tiene que sustituir al magistrado del Tribunal Constitucional Alfredo Montoya, designado en 2017 a propuesta de los populares y que ha tenido que renunciar al cargo por motivos de salud.

"Eso era ya mucho más de lo que ha conseguido Feijóo", remarcan desde la anterior dirección, que cree que el Gobierno no va a aceptar ahora cubrir la vacante de Montoya con el jurista que quiera el PP.

En definitiva, recapitulan las fuentes citadas, en octubre de 2021 se había pactado una renovación del Tribunal de Cuentas con seis vocales por el PSOE, cinco por el PP y uno de consenso y se había acordado una renovación del TC con dos magistrados propuestos por el PSOE y otros dos por el PP, con el compromiso de un tercero a proponer por el PP para cubrir la vacante de Alfredo Montoya. "Compárese con el balance de la dirección actual", remachan.