Pleno del CGPJ celebrado el pasado 13 de octubre./
El grupo mayoritario del CGPJ plantea reactivar la renovación del TC y pide la vuelta de las competencias
Los vocales propuestos por el PP solicitan que se "reconsidere" la reforma que limitó las facultades del Consejo "vista la magnitud de los perjuicios".
2 noviembre, 2022 23:48La primera reunión interna de los vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PP tras el fracaso de la negociación para renovar el órgano ha concluido esta noche con una coincidencia clara en que hay que nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al CGPJ. Pero sin un calendario concreto, que los más optimistas sitúan en diciembre.
"Es más importante la calidad que las prisas", manifestaba esta noche un miembro del sector mayoritario del CGPJ, adelantando que no aceptarán "presiones" para acelerar los nombramientos del TC, pendiente de renovación desde el pasado 12 de junio. Nada comparable con los cuatro años de prórroga que están a punto de cumplir los integrantes del órgano de gobierno de los jueces.
A la reunión asistieron, presencialmente o por videconferencia, nueve de los 10 vocales del sector mayoritario, es decir, todos menos Vicente Guilarte. Sí se sumó Wenceslao Olea, que se había apartado del grupo en los últimos meses y es autor de un recurso contra la decisión del CGPJ de nombrar presidente suplente a Rafael Mozo.
Precisamente en ese recurso está una de las razones por las que el grupo mayoritario no quiere aventurar un calendario para el nombramiento de los magistrados del TC.
Hay vocales como la abogada del Estado Nuria Díaz Abad que consideran que sería imprudente designar a los miembros del tribunal de garantías antes de que el Tribunal Supremo resuelva la medida cautelar pedida por Olea y por el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito, que también ha recurrido. Ambos han pedido que el TS deje en suspenso la designación de Mozo y ponga en su lugar a Francisco Marín, presidente en funciones del Supremo.
Pero incluso con la incertidumbre derivada de esos recursos, que cuestionan la corrección de la actual composición del CGPJ, existe una convicción generalizada de que el Consejo no puede someter al TC a la inestabilidad que sufre el órgano de gobierno del Poder Judicial por la falta de acuerdo entre PSOE y PP.
Los vocales encargados de la negociación del TC, Carmen Llombart y José Antonio Ballesteros, ofrecerán a la minoría la "recuperación de los encuentros" que quedaron interrumpidos el pasado 5 de octubre.
Así lo indica un comunicado hecho público tras la reunión, que añade que "en los próximos días se llevarán a cabo los contactos para determinar los candidatos posibles que los nueve vocales del grupo consideren más adecuados y que expresen su disponibilidad a participar en el proceso de selección". En otras palabras, el sector mayoritario empezará a dar nombres, lo que hasta ahora no ha hecho.
"Reconsiderar" la reforma
El comunicado también considera "urgente" adoptar medidas para paliar la situación que en los órganos judiciales está provocando la Ley Orgánica 4/2021, "que nos impide cumplir con una parte sustancial de nuestras funciones constitucionales y, entre ellas, las relativas a nombramientos de cargos judiciales".
El sector mayoritario anuncia que formulará propuestas después de que el Servicio de Inspección haga un informe sobre la incidencia de esa ley, a la que los vocales atribuyen las dificultades que están padeciendo los tribunales y, en particular, el Supremo, con el 20% de su plantilla sin cubrir.
La ralentización de las sentencias y los problemas para conformar Salas no es, subrayan los consejeros de la mayoría, una consecuencia de la no renovación del CGPJ sino de la limitación de competencias impuesta por el Gobierno en marzo de 2021.
"Se hace imprescindible", indica a este respecto el comunicado, "que por parte del Gobierno de la Nación se reconsidere la oportunidad de mantener la vigencia de la Ley Orgánica 4/2021 vista la magnitud de los perjuicios que está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y la lesión del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva".
Para el sector mayoritario del CGPJ, es "imprescindible" que el Ejecutivo impulse la derogación de esa ley, por sí o a través de los grupos parlamentarios que le dan apoyo en el Parlamento.
