Hacienda no aprecia irregularidades en los contratos de la 'era Aznar' que investiga el juez

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda, no aprecia "irregularidades relevantes" en los contratos de la era Aznar que se investigan judicialmente en una pieza separada de los llamados papeles de Bárcenas.

Así se desprende del último informe pericial enviado por la IGAE al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga las adjudicaciones recibidas por supuestos donantes de la caja B del PP durante la presidencia de José María Aznar.

En el documento, de 94 folios, fechado el pasado día 4 y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Intervención analiza los pliegos y los criterios de concesión de varios contratos licitados por los ministerios de Defensa, Interior, Fomento y Medio Ambiente.

[El juez de los 'papeles de Bárcenas' decide indagar en 23 contratos de la etapa Aznar por 569 millones]

También, otros ofertados por organismos como la Entidad Pública de Suelo (SEPES), la compañía pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Confederación Hidrográfica del Tajo o el Instituto de Turismo de España (Turespaña). Y Hacienda en ningún caso ve vínculos entre las presuntas mordidas y las adjudicaciones.

El juez instructor del caso, Santiago Pedraz, considera muy relevante este informe, que solicitó por primera vez en octubre de 2021. Tanto es así que, antes de que le fuera entregado, el magistrado citó presencialmente a los dos peritos que lo estaban ultimando. El informe ya está también en manos del fiscal del caso, que deberá pronunciarse sobre el mismo.

Ahora, tras el envío de esta documentación, tal y como consta en una resolución del Juzgado Central de Instrucción número 5 a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la citación judicial ha quedado sin efecto, por lo que ninguno de los dos funcionarios que firma el informe deberá acudir a declarar a la Audiencia Nacional.

El documento de la IGAE, titulado Informe sobre la legalidad de los expedientes de contratación remitidos por empresas y entidades públicas desde la reapertura de la pieza separada, también señala que en varias de estas licitaciones se incrementaron los precios inicialmente previstos, pero sin llegar, en ningún caso, a superar los límites máximos que marca la ley.

Hacienda también avala los métodos de valoración de las ofertas técnicas. Así lo hace, entre otros, en la contratación de la obra de puesta en marcha y explotación de la segunda fase de la depuradora de aguas residuales de Monte Bayal (Toledo), uno de los contratos que el juez ordenó evaluar. El informe incluye una tabla que recoge las ofertas presentadas, "sin que ninguna de ellas estuviera incursa en presunción de temeridad".

A su vez, la IGAE confirma que "eran conformes con la normativa aplicable" los criterios con los que Aena encargó a una empresa la construcción de una plataforma de estacionamiento de aviones en el aeropuerto de Barajas. La compañía que obtuvo ésta y la mayor parte de las licitaciones fue la Constructora Hispánica, en unión con otra compañía. La obra se adjudicó por 32,9 millones de euros (sin IVA).

Sobre un contrato de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Intervención General de la Administración del Estado concluye que los criterios de concesión "estaban vinculados al objeto" del mismo y eran "conformes con la normativa aplicable".

Y así, hasta más de veinte contratos, que suman más de 569 millones de euros y que Pedraz ordenó investigar para determinar si las adjudicaciones estaban vinculadas a las presuntas donaciones de empresarios al Partido Popular. Se trata de las llamadas comisiones finalistas.

Fue en diciembre de 2020 cuando Pedraz ordenó reclamar los expedientes de contratación de 23 obras adjudicadas al empresario Alfonso García Pozuelo entre 2002 y 2004 —época del Gobierno de Aznar—.

García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica (antes llamada Assignia Infraestructuras), resultó adjudicatario de esos contratos, en solitario o mediante una unión temporal de empresas (UTE) junto a otras mercantiles.

Algunas de éstas (Sando, Copasa, Copisa o Azvi), lo mismo que el propio García Pozuelo, figuran como donantes del PP en las anotaciones realizadas por el extesorero del partido Luis Bárcenas. Se trata de los llamados papeles de Bárcenas.

El otrora responsable de las cuentas de la formación se encuentra actualmente en prisión. Recientemente, la Junta de Tratamiento de Soto del Real ha propuesto que se le aplique el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitiría pasar tiempo fuera de la cárcel. Ahora, el juez de Vigilancia Penitenciaria deberá pronunciarse sobre su situación.