Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales./
La asociación mayoritaria de fiscales dice que es falso que el Derecho de la UE exija quitar la sedición
Afirma que "no es admisible" que se suprima ese delito "por intereses de personas concretas", en referencia a los implicados en el 'procés'.
21 noviembre, 2022 09:50La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera fiscal, sostiene que "no es cierto" que el Derecho de la Unión Europea exija reformar el delito de sedición. Ésta ha sido la justificación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para suprimir el delito por el que fueron condenados los responsables del 'procés' catalán, tras un pacto alcanzado con ERC.
El delito de sedición "se ha mantenido en todos los Códigos Penales de nuestro país", ha señalado la AF en un comunicado, en el que recuerda que el Código de 1995, aprobado durante el Gobierno socialista de Felipe González y conocido como 'el Código Penal de la democracia', también lo asumió.
"No es cierto que las penas previstas para el delito de sedición sean superiores a las penas previstas para las conductas que se tipifican (reciban o no el nombre de sedición) en otros países de la Unión Europea. Tanto el informe de indulto de la Fiscalía como el de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 3/2097/1997 [la causa del 'procés'] ya lo pusieron de manifiesto con claridad".
La AF añade que "no es cierto que el Derecho de la Unión Europea exija reformar el delito de sedición" y sostiene que su supresión "supone una desprotección del orden constitucional, que es un valor imprescindible para mantener el Estado de Derecho y las garantías de todos los ciudadanos, y que exige tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones preventivo-generales y especiales que le son propias.
A su juicio, "no es en ningún caso admisible una reforma del Código Penal que responda a intereses o situaciones de personas concretas. Con ello se desconoce un principio básico del Derecho, que no admite leyes singulares que, por tanto, serían de muy dudosa constitucionalidad".
Para la AF, "una reforma del delito de sedición de la trascendencia y calado como la que se pretende, hasta el punto de proponer su derogación, debiera tramitarse con el necesario sosiego, recabando los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal".
La vía escogida por el Gobierno para tramitar en el Parlamento la supresión del delito de sedición -una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos- elude los dictámenes preceptivos, tal como ha denunciado el CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces va a debatir este jueves si, a pesar de que no se lo hayan pedido, elabora un informe sobre la eliminación de ese delito.
