La división del grupo conservador impide que el CGPJ informe sobre la supresión de la sedición

Dos vocales también propuestos por el PP, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte, han impedido que prospere la iniciativa del grupo mayoritario del CGPJ, ya que el primero ha votado en blanco y el segundo ha votado en contra de la elaboración de un informe sobre la eliminación de la sedición, el delito por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista catalán y cuya desaparición del Código Penal puede beneficiar, singularmente, a los que aún no han sido juzgados.

De haberse unido a su grupo de procedencia, la iniciativa hubiera salido adelante, ya que el sector mayoritario cuenta -teóricamente- con 10 de los actuales 18 vocales del Consejo General del Poder Judicial.

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El escrito de los vocales del sector mayoritario recordaba que los estándares europeos "obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a previo informe de los Consejos de Justicia".

Se remitía, en este sentido, el dictamen 24 (2021) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que señala que “todo proyecto normativo susceptible de tener incidencia sobre el Poder Judicial y la independencia de los jueces, o sobre las garantías de acceso de los ciudadanos a la Justicia, debería ser sometido obligatoriamente al dictamen del Consejo de Justicia, antes de su deliberación por el Parlamento”.

También recordaba que la Red Europea de Consejos de Justicia, en su informe de 2010-2011 sobre los Consejos de Justicia, indica que las propuestas legislativas relativas a los tribunales o al Poder Judicial deben someterse a informe del Consejo de Justicia.

Además, señalaba, que existen precedentes en este Consejo de emisión de informes sobre proposiciones de ley.

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"Llama la atención que en reiteradas ocasiones nos encontramos con importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma", indica el texto.

La ley prevé que el CGPJ informe sobre los proyectos de ley que, entre otras materias, llevan a cabo reformas penales.

Pero si esa misma modificación del Código Penal penal se canaliza como proposición de ley de los grupos parlamentarios la norma no establece de forma expresa que tenga que ser informada por el CGPJ.

La propuesta ha sido votada a favor por sus ocho suscriptores (José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, María Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad y José María Macías).

En contra han votado los ocho vocales propuestos por PSOE, IU y PNV, a los que se ha unido Guilarte.