Los vocales conservadores del CGPJ exigen a Mozo un pleno inmediato o se arriesga a una querella

Así lo han acordado esta noche los vocales del sector conservador en una reunión de urgencia, alarmados por el retraso de Mozo en la convocatoria del pleno.

El presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces debería haber convocado Pleno extraordinario dentro de los tres días siguientes a la petición. Así se ha hecho siempre en el Consejo de acuerdo con una interpretación pacífica del Reglamento de Organización y Funcionamiento. Como muy tarde, el Pleno tendría que celebrarse el próximo miércoles.

Pero este lunes los vocales no han tenido noticia de la convocatoria y, cuando han preguntado, Mozo ha contestado que "estaba en ello" y que "estaba cuadrando agendas". La excusa ha resultado increíble, entre otros motivos, porque no ha preguntado a los vocales de la mayoría cuál es su agenda y si tienen algún problema para atender su obligación de asistir a un Pleno.

El grupo mayoritario cree que Mozo, "siguiendo instrucciones de Moncloa", está intentando desactivar la petición del Pleno extraordinario con el fin de llegar, sin celebrarlo, al próximo día 22.

En esta fecha está prevista la aprobación por el Senado de la reforma que ha dado la vuelta a las reglas que han regido durante 40 años la elección por el CGPJ de los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar.

A partir del día 22, no será necesario quorum de asistencia para la celebración del Pleno en el que se nombre a los dos magistrados del TC, bastará la mayoría simple en lugar de los tres quintos exigidos hasta ahora y cada vocal sólo podrá proponer y votar a un candidato, aunque son dos las plazas a cubrir.

Se establecen, además, plazos tasados y perentorios para que la designación no tarde más de 12 días y se amenaza a los miembros del CGPJ que no cumplan con medidas legales, incluidas las de carácter penal.

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Según la interpretación general en el entorno de las Salesas, esta reforma tiene nombres y apellidos: ha sido bautizada como la ley Bandrés, en referencia al magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Es el candidato preferido del Gobierno y también de Cándido Conde-Pumpido, el magistrado del TC que aspira a presidir el Constitucional y que cuenta con el voto del candidato elegido por el sector minoritario.

Los vocales conservadores quieren intentar una votación antes de que entre en vigor la reforma, es decir, sometiéndose a la exigencia de los tres quintos y con la posibilidad de votar a dos candidatos. Aunque saben que la probabilidad de que salgan es muy pequeña, quieren que se ponga de manifiesto que serán los vocales propuestos por PSOE e IU los que impedirán la renovación del TC y prefieran aplicar una reforma que representa, afirman, el "asalto a la institución y la destrucción de las reglas democráticas de consenso".

En todo caso, los vocales conservadores, que dieron sus votos a Mozo para que fuera presidente suplente, no están dispuestos a que "incumpla su obligación de convocar la reunión extraordinaria que hemos pedido".

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Por ello, los representantes del sector mayoritario harán saber a Rafael Mozo que, de no convocar ya el Pleno para una fecha inmediata, se expone a "medidas legales de todo tipo, también penales".

Según fuentes del grupo, uno de los vocales ha propuesto presentar este mismo miércoles una querella contra Mozo al considerar que, con su retraso deliberado en atender la petición del viernes, está cercenando a sabiendas el derecho de los consejeros a un Pleno extraordinario que, por su propia configuración legal, debe ser celebrado con urgencia. La mayoría del grupo se ha decantado por hablar con Mozo antes de iniciar acciones contra él.

Abstención de Careaga

Durante la reunión también se ha acordado recopilar información que ponga de manifiesto que la vocal Clara Martínez de Careaga, casada con Conde-Pumpido, debería abstenerse de participar en la votación sobre la renovación del TC, ya que va a designar a quienes determinarán la elección de su marido como presidente.

Consideran que no hay en ella la "apariencia de imparcialidad necesaria" por lo que, aunque los vocales no pueden recusarla, sí apelarán a su "sensibilidad como jurista" para "no contaminar" los nombramientos.