El CGPJ denuncia al Congreso el 'crítico' estado del Tribunal Supremo por no poder nombrar jueces

El CGPJ va a enviar al Parlamento el último informe aprobado por la Sala de Gobierno del alto tribunal, en el que se reclama un “ imprescindible remedio inmediato” de la “situación insostenible” en que se encuentra. Del Parlamento depende la renovación del CGPJ -que parece improbable-, pero también la reforma de la ley que restringe las competencias del Consejo.

Esa ley, vigente desde marzo de 2021, fue impulsada por el Gobierno para forzar al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pero lo cierto es que el único resultado obtenido es el deterioro de la situación del Tribunal Supremo, donde ya son 19 las vacantes de un total de 79 plazas de magistrado.

Como medida de emergencia, el Tribunal Supremo pide un refuerzo de los letrados que trabajan en el Gabinete Técnico preparando borradores de resoluciones para las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Son las dos más colapsadas y también las que, por falta de magistrados titulares, tienen dificultades para constituir las secciones que dictan los autos y sentencias.

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La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado, asimismo, reclamar al Ministerio de Justicia la dotación de ocho letrados más para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y siete para la Sala de lo Social. Esta petición se va a dar a conocer también al Parlamento.

1.230 sentencias menos

El informe del Tribunal Supremo que va a ser enviado a las Cortes estima que en 2023 sólo en esas dos Salas  se dictarán este año unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social).

Ello se traducirá en "un grave perjuicio para el justiciable" y en un significativo retraso en miles de resoluciones que abocarían al “colapso” de ambas Salas.

La Sala de lo Social tiene vacantes cinco plazas de una plantilla de 13. La Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene 10 vacantes de una plantilla de 33.

Por lo que se refiere a esta última, el informe explica que las cuatro secciones de enjuiciamiento "se encuentran en el umbral mínimo de composición", que es de cinco magistrados.

Ello significa que, ante cualquier baja coyuntural (por licencias o permisos o por enfermedad) tiene que acudir a formar Sala el presidente -Pablo Lucas, que ejerce ese cargo en funciones al mismo tiempo que preside una sección- o un magistrado de la sección de admisión de recursos. Esta sección "carga con un volumen de trabajo enorme, lo que hace muy complicada la dedicación simultánea a la sección de admisión y a la de enjuiciamiento". Hasta el pasado octubre, la seccion de admisión tenía pendientes de examinar 5.529 recursos.

Respecto a la Sala de lo Social, se ha tenido que reducir de cuatro a dos las secciones de admisión de recursos. Las secciones de decisión están integradas por sólo cuatro magistrados en vez de seis.

El informe destaca que, por lo que se refiere a la fase de decisión, hay una correlación directa entre el retraso al resolver los recursos de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y el retraso de los procedimientos de los Juzgados de lo social, porque en esta jurisdicción hay múltiples conflictos en los que se suscitan las mismas controversias.

"Si la Sala de lo Social del TS no está aquejada de retraso, resuelve esas controversias con celeridad y evita multitud de pleitos, lo que disminuye los procedimientos pendientes en los juzgados. Por el contrario, si resuelve los pleitos con varios años de retraso, como está ya pasando, para cuando unifica una controversia ya se han producido miles o decenas de pleitos con el mismo objeto, los cuales han causado una importante demora de los Juzgados de lo Social", explica.

"Y debemos hacer hincapié en que se trata de pleitos del orden social, en los que se ventilan las reclamaciones salariales y de las prestaciones de la Seguridad Social que las personas necesitan para su subsistencia y la de su familia", subraya.