Los letrados de Justicia pactan con Llop el fin de su huelga y que los Juzgados "vuelvan a la normalidad"

Tras más de dos meses de parón, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han acordado con el ministerio que encabeza Pilar Llop el fin de su huelga indefinida. Así ha sucedido este martes, tras la reunión entre ambas partes, que ha comenzado a las 11.00 de la mañana.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia ha confirmado que también ha pactado con el Comité de Huelga la creación de "grupos de trabajo para abordar de manera adecuada la vuelta a la normalidad de la actividad judicial". Para ello, se realizará un "análisis del impacto del conflicto" que facilite la "recuperación" de la rutina habitual en las sedes judiciales.

Asimismo, las asociaciones de LAJ, según el acuerdo, "participarán en la implantación de los proyectos de transformación de la Justicia". Y representantes de Justicia y de Hacienda se reunirán con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado "para abordar de manera adecuada la vuelta a la normalidad de la actividad judicial".

El motivo de este conflicto era salarial. Los anteriormente llamados secretarios judiciales reivindicaban una remuneración mayor, al haber aumentado el número de responsabilidades que desempeñan en los Juzgados.

Finalmente, de forma mayoritaria, con un 76% de apoyo, los comités de huelga regionales aceptaron este lunes la propuesta que les había ofrecido el Ministerio de Justicia, que se abre a mejorar "la cuantía de su complemento específico". Concretamente, estos "complementos de eficiencia" supondrán un aumento de salario para los LAJ que va desde los 430 euros mensuales hasta los 450.

"El 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2023. El segundo 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2024. El 20% restante del incremento mensual tendrá efectos económicos de 1 de julio de 2024", indica la oferta de Justicia.

No obstante, este pacto queda lejos de la llamada "cláusula de enganche" con la que los letrados de Justicia pretendía asimilar sus retribuciones a las de jueces y fiscales, que están reguladas por una ley específica. EL ESPAÑOL ha consultado al departamento que encabeza Pilar Llop por el coste económico que tendrá su oferta. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

Tal y como ha informado este periódico, los más de dos meses de huelga de los LAJ han provocado la suspensión de más de 360.000 actos judiciales y que aún haya más de 475.000 demandas pendientes de reparto y 1.500 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones.

No obstante, según consta en el comunicado enviado por el Ministerio de Justicia, a partir de ahora se producirá una "notificación escalonada" de las resoluciones que se encontraban paralizadas a consecuencia de la huelga. Así lo habían reclamado varios colegios profesionales de abogados y procuradores.