La ministra de Justicia, Pilar Llop, en la sesión de control del Congreso el pasado 26 de abril./
Justicia gasta 782.000 € en refuerzos al TS por el efecto de la ley que impide hacer nombramientos
Aprueba los 15 letrados pedidos por las Salas Tercera y Cuarta para paliar las consecuencias de la restriccion de competencias impuesta al CGPJ.
5 mayo, 2023 18:17El Ministerio de Justicia ha aprobado este viernes las medidas de refuerzo que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo solicitó en un informe del pasado enero para tratar de evitar el colapso de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
Son las Salas en las que más incidencia está teniendo la ley impulsada por el Gobierno y que impide al Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018, hacer nombramientos discrecionales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con una plantilla de 32 magistrados y el presidente, registra en estos momentos 11 vacantes. El magistrado Pablo Lucas ejerce la presidencia en funciones desde el nombramiento de César Tolosa como miembro del Tribunal Constitucional, el pasado diciembre.
[El Tribunal Supremo alerta de la situación "insostenible" que crea no poder cubrir las vacantes]
La Sala de lo Social, con un presidente y 12 magistrados en su plantilla, tiene cinco vacantes. Rosa Virolés ejerce la presidencia de forma interina, pero se jubila dentro de dos meses, lo que agravará la situación.
De una forma menos acusada, la restricción de las competencias del CGPJ -que está impugnada por PP y Vox ante el Tribunal Constitucional desde 2021, sin haber sido resuelta hasta ahora- afecta también al resto de las Salas del Tribunal Supremo.
La Sala Civil tiene tres vacantes, la Sala de lo Militar dos y la Sala Penal, una.
El Ministerio de Justicia ha informado este viernes de que ha concedido la autorización económica para ocho comisiones de servicio con relevación de funciones para la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Deberán ser cubiertas de forma preferente por magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de asistir a las secciones 2ª a 5ª de enjuiciamiento.
Estos jueces estarán adscritos al Gabinete Técnico del Supremo en calidad de letrados y se dedicarán a los trabajos de estudio y documentación preparatorios de sentencias, para que pueda incrementarse el número de éstas.
En el caso de la Sala de lo Social Cuarta se han autorizado siete comisiones de servicio con relevación de funciones destinadas, de forma preferente, a magistrados de la jurisdicción social para su colaboración en la redacción de proyectos de sentencias en asuntos repetitivos o con jurisprudencia consolidada.
El último informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, elaborado en enero, estimó que sólo en esas dos Salas se dictarán este año unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social).
Ello se traducirá en "un grave perjuicio para el justiciable" y en un significativo retraso en miles de resoluciones que abocarían al “colapso” a ambas Salas.
Las comisiones de servicio autorizadas son las pedidas por la Sala de Gobierno, que en este momento funciona con una merma del 27,5 por ciento de su plantilla.
Las 15 comisiones de servicio funcionarán durante siete meses y costarán 781.738,20 euros.
