La Fiscalía reconoce ahora, tras haberlo negado, que una etarra en una lista de Bildu sigue inhabilitada

El análisis no debió ser tan riguroso, porque sólo mirando el fallo de la sentencia que condenó a la terrorista Sara Majarenas Ibarreta y la fecha en que fue excarcelada, la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia ha podido averiguar que la miembro del comando Levante sigue a día de hoy inhabilitada.

Majarenas —condenada como integrante del comando de ETA que tenía entre sus objetivos a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá— no cumplirá la pena que le impide votar y ser votada hasta abril de 2028. Sin embargo, figura como número 10 en la candidatura de Bildu por Astigarraga (Guipúzcoa). El municipio está gobernado en la actualidad por esa formación, que obtuvo siete concejales en 2019. Cinco concejalías fueron para el PNV y una para el PSE.

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Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, dirigió ayer un escrito a la Junta Electoral de Zona de Donostia —que debió haber detectado la situación procesal de Majarenas y no proclamar la lista de Bildu— para que verifique la causa de inelegibilidad de la condenada y "proceda a anular la candidatura".

La Junta Electoral la excluye

En una reunión urgente celebrada esta tarde, la Junta Electoral de Zona de Donostia ha excluido a Majarenas de la lista de Bildu, sin que su puesto pueda ser ocupado ahora por otro candidato.

También se dirigió al Servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional para que verifique las liquidaciones de condena de los candidatos de Bildu al 28M "y compruebe si algún otro incurre en causa de inelegibilidad".

El Servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha verificado esta mañana que, efectivamente, Majarenas aún no ha cumplido la pena de inhabilitación absoluta a la que fue condenada en septiembre de 2007.

De acuerdo con la sentencia de la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional, Majarenas fue condenada a un total de 13 años y cuatro meses de cárcel por delitos de integración en organización terrorista, falsedad en documento oficial  y tenencia ilícita de armas.

Además de las penas de prisión, la Audiencia Nacional le impuso "la pena de inhabilitación absoluta por tiempo superior en 10 años al de la duración de las penas" privativas de libertad.

Majarenas ingresó en prisión el 17 de febrero de 2005 y fue excarcelada el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y 2 meses de privación de libertad. Por tanto, empezó a cumplir los 10 años de inhabilitación después de salir de prisión y estará inhabilitada hasta abril de 2028.

Fuentes de la Audiencia Nacional han señalado que se produjo un error en 2018, cuando se declaró extinguida la pena privativa de libertad, al omitirse en esa liquidación todo lo relativo a la inhabilitación.

Esa omisión tampoco fue detectada entonces por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que debe informar todas las liquidaciones de condena y, por tanto, también la que declaró extinguida la pena de prisión de Majarenas y debió consignar que empezaba a cumplir la inhabilitación y que no la extinguirá hasta dentro de cinco años.

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En todo caso, no es un error determinante: incluso con esa omisión, la Fiscalía hubiera podido darse cuenta de que Majarenas seguía inhabilitada únicamente leyendo el fallo de la sentencia condenatoria y cotejando la fecha de excarcelación, como ha hecho Dignidad y Justicia.

"¿Cómo es posible que una asociación de víctimas, con medios muy limitados, pueda detectar esa situación y no lo haga la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con todas las herramientas de las que dispone?", preguntaba Daniel Portero.

Sin asumir el error

La Fiscalía de la Audiencia Nacional difundió a última hora de la mañana una nota en la que, sin asumir su error y repartiendo responsabilidades entre el servicio de ejecutorias y la Junta Electoral de Zona, indicaba que "en el día de hoy ha tenido entrada en la Fiscalía del Audiencia Nacional providencia de fecha 24 de mayo de 2023, dictada en ejecutoria de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con respecto a la penada Sara Majarenas Ibarreta", providencia en la que "se pone en conocimiento que se va a efectuar la práctica de la liquidación de condena de inhabilitación absoluta que le fue impuesta en sentencia firme".

"Ante dicha circunstancia, de la que tenemos conocimiento en el día de hoy, se ha procedido por parte de la Fiscalía del Audiencia Nacional a dar cuenta de ello a la Junta Electoral de Zona, a través de la Fiscalía correspondiente", añade.

"Tal circunstancia no desvirtúa la decisión tomada en el decreto de fecha 17 de mayo de 2023, de incoación y archivo de las diligencias de investigación [relativas a la denuncia de Dignidad y Justicia sobre la presencia de terroristas en las listas de Bildu], por no ser los hechos objeto de dicha diligencias constitutivos de infracción penal y que le compete a las juntas electorales correspondientes el control de la legalidad de las candidaturas".

Objetivos: banqueros, militares, políticos

Sara Majarenas fue, junto a Mikel Orbegozo, miembro de un comando que ETA envió a la costa de Levante en 2005.

De acuerdo con la sentencia condenatoria, ambos llegaron a Valencia el 16 de febrero de 2005 "portando en su poder información manuscrita sobre numerosas personalidades e instalaciones policiales y militares de la comunidad autónoma valenciana, objetivos de posibles futuros atentados".

Fueron detenidos al día siguiente, cuando salían del hostal en el que habían alquilado una habitación y fueron requeridos por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, "que se encontraban ejercitando funciones de control rutinario". Orbegozo intentó huir a punta de pistola, mientras que Majarenas no opuso resistencia.

Orbegozo llevaba "38 hojas manuscritas, de cuadrícula arrancadas de una libreta de anillas, con información sobre diversos objetivos contra los que dirigir futuros ataques diez hojas mecanografiadas y un plano de la Costa Brava".

En esas hojas figuraba una "relación de personas (empresarios, banqueros, militares, parlamentarios, miembros destacados de los distintos partidos políticos, periodistas, concejales, jefes superiores y comisarios de Policía, guardias civiles, representantes sindicales de la Policía y de la Guardia Civil, alcaldes de diferentes pueblos de la Comunidad, fiscales y jueces) con información complementaria sobre las direcciones de sus domicilios, lugares de veraneo, domicilio de sus padres, nombres de sus hijos, estado civil, fechas de nacimiento, colegio electoral al que habían acudido a votar en las elecciones de mayo de 2003, teléfono, negocios que poseen, nombres de familiares como padres o hermanos, dirección de su lugar de trabajo en distintos grados de elaboración, y que claramente son objetivos para futuros atentados", indica la sentencia.

Llevaban, además, DNI falsos, una placa emblema de la Guardia Civil y carnés inauténticos de la Benemérita.

La condena habría sido más severa de no haber sido porque la Policía registró sin pedir autorización judicial la habitación alquilada por los etarras. En ella fueron encontrados explosivos, pero la Sala declaró nula la diligencia de entrada y registro y no tuvo en cuenta lo hallado.

Majarenas manifestó durante el juicio que "luchamos a favor de los derechos de Eukalerría y estamos muy orgullosos".