Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga las extracciones ilegales de agua en Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto unas diligencias para investigar posibles responsabilidades medioambientales por las extracciones de agua ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

El objetivo es garantizar la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2021. La misma señalaba a estos pozos como los causantes del deterioro medioambiental de ese espacio natural.

No se trata de una investigación por la vía penal, sino administrativa, que busca poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos.

[Los detalles de la ampliación de Doñana en 45 años que a priori pone a casi todos de acuerdo]

La Fiscalía designa encargado del asunto al fiscal Manuel Campoy y acuerda oficiar al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia civil. En concreto, le insta a reclamar a diferentes organismos informes periciales sobre los efectos adversos significativos que dichas extracciones ilegales puedan tener en cuanto al estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas concernidas.

También informes sobre la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitat o especies silvestres concernidos.

El Ministerio Público, indica que las zonas protegidas que son objeto de estudio son las de la zona protegida 'Doñana', la zona protegida 'Doñana Norte y Oeste' y la zona protegida 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer'.

Y cita datos científicos recogidos en diferentes directivas europeas para aseverar que de ellos se desprende que la sobrexplotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso del nivel piezométrico, descenso que ocasiona una alteración constante de las zonas protegidas del espacio natural protegido.

La competencia de la Fiscalía

En el decreto, el fiscal jefe recuerda que la aplicación del derecho de la UE corresponde tanto a los órganos propios de la Unión como a las diferentes autoridades nacionales de los estados miembro.

A su vez, advierte de que el Ministerio Fiscal, en cuanto órgano constitucional integrante de los poderes públicos del Estado y en el ejercicio de sus competencias normativas, "puede y debe promover la acción de la justicia para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia del TJUE".

[La laguna Santa Olalla, la más grande de Doñana, se seca por segundo año consecutivo: "Aún es recuperable"]

Sobre el hecho de que el asunto caiga en manos de la Fiscalía de la AN, explica que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal es la única instancia para conocer los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los ministros y de los secretarios de Estado en general.

También advierte de que la ley dispone la competencia de la Administración General del Estado para la tramitación de los procedimientos administrativos de exigencia de responsabilidad medioambiental.

Y añade que en este caso resulta necesaria la práctica de diligencias a fin de valorar la posible solicitud a la Administración Pública de inicio de procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental. Por eso, indica que ahora en estas primeras diligencias identificarán a los operadores económicos y profesionales, y se pedirán los informes técnicos medioambientales pertinentes.

La ley en el Parlamento andaluz

Mientras tanto la ley para reorganizar unas 700 hectáreas de regadío en el entorno de Doñana sigue adelante en el Parlamento. Tras pasar todos los trámites pertinentes, estaba previsto que fuera aprobada el próximo pleno del 27 de septiembre. 

[El PP retrasa la aprobación de la ley de Doñana para que no coincida con la investidura de Feijóo]

Sin embargo, el PP decidió aplazar su aprobación a la siguiente sesión plenaria, dos semanas después, para que no coicinda con la sesión de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados.  

En paralelo, ese mismo día la Junta de Andalucía anunció que contaba con el "visto bueno" del Ministerio de Hacienda al modelo de pago propuesto por la administración autonómica para la operación de compra de 7.500 hectáreas de la finca 'Veta La Palma', ubicada en La Puebla del Río (Sevilla), para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana.

Y también en esa misma jornada se conoció una sentencia de un juez de Sevilla en la que condenaba a los propietarios de una finca situada en Aznalcázar, en el entorno del parque, a tres años y cinco meses de prisión precisamente por sobreexplotar ilegalmente la balsa de agua subterránea que alimenta en parte a sus humedales.