La Justicia ve prescrito un asesinato de ETA en 1981 y excarcela a la única etarra que no estaba en Euskadi

Así consta en un reciente auto de la Sala de lo Penal, que declara "extinguida" la posible responsabilidad penal de Jáuregui y acuerda el archivo "definitivo" del procedimiento en su contra. Jáuregui era la última etarra que no estaba en una cárcel vasca o navarra tras el fin de la política de dispersión ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Jáuregui, apodada Pepona, era interna del centro penitenciario de Alcalá-Meco (Madrid).

Fue la defensa de la propia etarra la que solicitó que se evaluase la prescripción de esta causa. Y así lo han hecho los magistrados de la Sección Segunda Ana Victoria Revuelta Iglesias, Javier Mariano Ballesteros y Joaquín Delgado. Contra esta decisión aún puede interponerse un recurso ante el Tribunal Supremo.

La investigación judicial sobre el asesinato del militar ya fue archivada en una primera ocasión en 1983, "por no resultar autores conocidos". En 1989, se reabrió y volvió a sobreseerse, hasta 1995, cuando, de nuevo, fue concluido el sumario sin ningún procesado.

En 2004, volvió a abrirse esta causa judicial y Natividad Jáuregui acabó condenada por asesinato. No obstante, la Sala de lo Penal declara ahora "la prescripción de los hechos y la extinción de la responsabilidad penal" de la etarra.

¿Por qué? Porque durante el plazo de 20 años posterior al asesinato —el marcado por la ley para la prescripción de este delito—, la Justicia nunca atribuyó directamente la comisión de los hechos a la etarra, lo que hubiera frenado el reloj. No fue hasta el 1 de diciembre de 2005 cuando, finalmente, fue procesada.

Sin embargo, pese al archivo definitivo, Jáuregui deberá comparecer en un Juzgado el día 3 de cada mes y tendrá el pasaporte retirado.

En su auto, la Sala de lo Penal reprocha al juez que investigó el asesinato la "ausencia de voluntad judicial instructora", ya que Jáuregui figuraba como sospechosa desde 1987. Otro etarra, Enrique Letona, la había señalado durante su declaración y un informe de la Guardia Civil también apuntaba en su contra. Pese a ello, no fue interrogada en la Audiencia Nacional. Letona sí compareció ante el juez en 1989. Se acogió a su derecho a no declarar y la causa fue archivada.

"No dirigió el procedimiento contra ninguno de los sospechosos que expresaba el relato, no dio ninguna orden de identificación de los mismos, de búsqueda y detención de los supuestos integrantes del comando Vizcaya que Enrique Letona mencionó...", afea la Sala al juez instructor. "Esta misma forma de instruir se reitera años después, tras la reapertura de 1995", insiste el tribunal.