Jueces que han intervenido en el 'procés' temen ser perseguidos al asumir el PSOE el 'lawfare' de Junts

El acuerdo indica que las conclusiones que alcancen esas comisiones políticas "pueden dar lugar a acciones de responsabilidad" de quienes hayan llevado a cabo 'lawfare', término que se refiere al uso de los procedimientos judiciales con fines de persecución política.

Hace muchos años que una iniciativa política no concitaba una oposición tan frontal y unánime de las organizaciones de jueces y fiscales, que consideran "inadmisible" que se constituyan comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales.

Argumentan que ello pervertiría el modelo constitucional de separación de poderes, ya que los jueces y tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones solo pueden ser revisadas a través de los recursos jurisdiccionales.

No cabe, argumentan, que una comisión parlamentaria revise lo que los jueces deciden para extraer consecuencias que puedan dar lugar a "acciones de responsabilidad", y ello en sede política, esto es, al margen de los procedimientos y las garantías establecidas en las leyes.

El párrafo del acuerdo entre PSOE y Junts que ha provocado la reacción de jueces y fiscales señala textualmente que "la ley de amnistía debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

El PSOE niega

Fuentes del PSOE admiten que el párrafo ha sido redactado, deliberadamente, de forma imprecisa. Pero el instantáneo y generalizado rechazo que ha generado en las asociaciones de jueces y fiscales, así como en el Consejo General del Poder Judicial, llevaron anoche al PSOE a explicar que "el acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de 'lawfare'" y que las comisiones de investigación a las que se refiere son las ya pactadas con Junts y ERC para la constitución de la mesa del Congreso. "Ninguna otra", asegura.

Esas comisiones son las relativas a la 'operación Cataluña' y al caso Pegasus.

Según el PSOE, "lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas" y asegura que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado".

Pero la explicación no ha convencido a fuentes asociativas y del CGPJ. Señalan, de un lado, que "si fuera cierto que el objetivo no es detectar casos de 'lawfare', ¿para qué se menciona ese concepto en el acuerdo?", se preguntan.

De otro lado, recuerdan que, de las dos comisiones citadas por el PSOE, la 'operación Cataluña' dio lugar al 'caso Pujol' y el caso Pegasus no generó procesos judiciales, ya que era una investigación del CNI.  "¿Quieren decir que la investigación de la corrupción de los Pujol fue 'lawfare'? ¿O que el servicio de inteligencia hizo 'lawfare'? La explicación dada es insostenible", afirman.

Jueces y fiscales que han intervenido en causas penales relacionadas con el 'procés' en distintas jurisdicciones territoriales creen que lo que sucede es que el PSOE "ha asumido el relato de Junts" de que los tribunales han "perseguido injustamente" a los independentistas catalanes, utilizando los procedimientos judiciales para combatir una ideología so pretexto de actuaciones como el 1-O que, según repite Carles Puigdemont, "no son delito".

"Amedrentarnos"

"Se trata de otorgar reconocimiento político formal, en el propio Parlamento, a la tesis de que los jueces y los fiscales que hemos actuado en alguna causa del 'procés' hemos sido unos represores y hemos criminalizado lo que no es delito", señalan.

"De ahí a que empiecen a llovernos querellas y demandas hay un paso", temen.

Para los jueces consultados, el párrafo sobre la 'lawfare' incluido en el pacto PSOE-Junts tiene, además, el objetivo de "amedrentarnos" y hacerlo justo en este momento, cuando los órganos judiciales van a tener que aplicar la ley de amnistía.

"No se puede entender de otra forma la referencia a las 'acciones de responsabilidad'" que pueden derivarse de las conclusiones de unas comisiones parlamentarias de investigación que estarán controladas por los socios de investidura, sostienen.

"Es una forma de amenazarnos. Ya sabemos desde hoy que unas comisiones parlamentarias van a revisar lo que hemos hecho y lo que podamos hacer a partir de ahora y que de ello pueden derivarse perjuicios para nosotros", señala un magistrado. 

Otro juez añade: "A la vista de este acuerdo, tendremos que plantearnos si lo que hemos hecho, o vamos a hacer, puede ser considerado como 'lawfare' por unas determinadas fuerzas parlamentarias cuando no les guste lo que decidimos. La afectación en la independencia judicial es terrible".